Solicitan formalmente al Estado dominicano proceder a la Evaluación Ambiental Estratégica como requisito previo a cualquier decisión sobre el tema
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el Suroeste de la República Dominicana no debe autorizarse, tramitarse ni validarse ningún Estudio de Impacto Ambiental individual para minería metálica mientras no exista previamente una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que estudie el conjunto del territorio, la suma de las concesiones, los impactos acumulatvos y las incompatibilidades entre minería, agua, agricultura, biodiversidad y vida comunitaria.
Así lo establece un informe de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de ]Santo Domingo (CAUASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.
Explica el infoeme que la razón es sencilla: el problema no es solamente Romero como proyecto aislado, el problema es una región completa sometida a presión minera en un contexto de déficit hídrico, fragilidad de cuencas, presencia de sulfuros con potencial de drenaje ácido, alta pendiente, vulnerabilidad sísmica y función agrícola decisiva para la seguridad alimentaria.
Los documentos de base insisten en que Romero no puede entenderse como una obra puntual, sino como parte de una lógica de distrito minero que, de avanzar por etapas, produciría un daño acumulativo mucho mayor que el que mostraría cualquier expediente individual.
Por eso, considera que reducir la discusión a un solo proyecto y a un solo estudio técnico constituye una forma de achicar artificialmente el problema.
Dicho de otra manera: cuando el territorio está amenazado por una cadena de concesiones y por impactos que se suman entre sí, evaluar una pieza aislada equivale a mirar una sola grieta mientras la casa completa se agrieta.
Qué es una Evaluación Ambiental Estratégica
La Evaluación Ambiental Estratégica, conocida como EAE, no es un estudio de detalle para una obra específica, es una evaluación de nivel superior que sirve para examinar una política, un plan, un programa, una visión territorial o una orientación de desarrollo antes de que el Estado comience a autorizar proyectos particulares.
Señala que mientras un Estudio de Impacto Ambiental, conocido como EIA, pregunta qué pasará con un proyecto concreto en un lugar concreto, la EAE pregunta algo anterior y más importante: si ese tipo de proyectos debe permitirse en ese territorio, bajo cuáles condiciones, con qué límites, en qué zonas no debe permitirse y cuáles costos sociales, ecológicos e institucionales generaría una estrategia de ocupación territorial de esa naturaleza.
La EAE, por tanto, no sustituye al EIA. Lo antecede, lo ordena y le pone un marco. Sin EAE, el EIA queda ciego frente al contexto regional. Sin EAE, el Estado evalúa expedientes, pero no evalúa el rumbo del territorio.
Qué productos y resultados debe entregar una Evaluación Ambiental Estratégica
Una EAE seria no es un discurso general, debe producir resultados concretos, útiles y
verificables para la toma de decisiones públicas. Entre sus productos mínimos deberían estar los siguientes:
Diagnóstico territorial integral: Un mapa claro del territorio: cuencas, sub-cuencas, acuíferos, áreas de recarga, zonas agrícolas, áreas protegidas, corredores biológicos, comunidades, infraestructura hídrica y vulnerabilidades existentes.
Identificación de incompatibilidades: Una determinación explícita de qué actividades no son compatibles con ciertos territorios. En este caso, por ejemplo, minería metálica sulfurada en cabeceras de cuenca o en áreas decisivas para seguridad hídrica y alimentaria.
Análisis de impactos acumulativos y sinérgicos: No solo lo que haría una mina, sino lo que producirían varias concesiones juntas, operando por etapas o encadenadas en el tiempo y en el espacio.
Evaluación de alternativas: Comparación seria entre caminos distintos de desarrollo:
agricultura, restauración ecológica, turismo de naturaleza, protección hídrica, infraestructura rural y otras opciones frente al modelo extractivo.
Zonificación y exclusiones: Definición de dónde no debe permitirse minería y bajo qué
criterios. Esto evita que cada proyecto intente abrirse camino por separado.
Lineamientos obligatorios para futuros EIAs: Reglas previas para cualquier estudio posterior, de modo que ningún EIA pueda ignorar el marco estratégico ya definido.
Base para una decisión política legítima: La EAE traduce información técnica compleja en
criterios comprensibles para ministros, legisladores, autoridades locales, jueces, prensa y
ciudadanía.
Por qué en el Suroeste no basta un EIA minero individual
Los documentos de base muestran una región donde se cruzan varias condiciones críticas al smo tempo: dependencia del sistema hídrico de la cuenca alta del río San Juan y de la Presa de Sabaneta; estrés hídrico estructural; geología sulfurada con potencial de drenaje ácido de mina; riesgo geotécnico y sísmico; y una estrategia de expansión minera a escala regional.
Indica que es precisamente esa convergencia la que vuelve insuficiente cualquier enfoque proyecto por el proyecto.
Sostiene que un EIA individual puede describir lo que ocurriría dentro del polígono inmediato de una obra y en su entorno cercano, pero no está diseñado para responder adecuadamente preguntas como: qué ocurre si varias concesiones se activan en la misma formación geológica.
También: qué pasa con el conjunto de las cabeceras de cuenca; qué carga acumulada recibirían la Presa de Sabaneta y el sistema del Yaque del Sur; cómo cambia la seguridad alimentaria si el territorio agrícola pasa a competir por agua y suelo con un distrito minero; o qué sucede si un proyecto abre el camino institucional, vial y político para otros que todavía no han presentado expediente.
Explica que cuando existe una lógica de distrito minero, el EIA individual recorta el problema hasta volverlo administrable en el papel, lo que puede servir para tramitar permisos, pero no para proteger el territorio.
Punto clave: un EIA individual puede medir una parte del daño. La EAE es la que permite ver el patrón completo del riesgo. Donde el riesgo es regional y acumulativo, evaluar por partes distorsiona la realidad.
Por qué un EIA sin EAE previa cons�tuye un engaño al país
Estima que es un engaño porque presenta como decisión técnica lo que en realidad es una decisión estratégica no resuelta.
Antes de estudiar detalles de una mina específica, el país debe decidir si quiere o no quiere abrir una región como el Suroeste a un proceso de ocupación minera de gran escala.
Si esa pregunta mayor se oculta y se reemplaza por la discusión de un solo expediente, la ciudadanía recibe una imagen incompleta del conflicto.
Es un engaño también porque fragmenta impactos que, en la realidad, se acumulan. El agua no distingue entre expediente uno y expediente dos. Las cuencas no se comportan por concesión.
La pérdida de cobertura, la alteración de corredores biológicos, la presión sobre la infraestructura hídrica y la amenaza química derivada de sulfuros reactivos se suman territorialmente. Si el análisis oficial no suma, el país es inducido a error.
Y es, además, un engaño institucional, porque obliga al Estado a decidir a ciegas sobre componentes que solo la EAE puede aclarar: zonas de exclusión, umbrales de riesgo, conflictos de uso del suelo, compatibilidad territorial y costo acumulado del modelo extractivo.
Un EIA sin ese marco termina discutiendo medidas de manejo sin haber demostrado antes que el territorio admite esa actividad.
Por qué comisiones justifican oposición
Proqeu cuando el procedimiento nace incompleto, la oposición social no es un exceso, es una reacción legítima de defensa territorial.
Si el Estado pretende conocer el destino de una región por medio de un expediente parcial, las comunidades tienen razones sobradas para desconfiar, resistir y exigir una discusión de fondo.
La oposición al proyecto Romero y a cualquier EIA minero presentado sin EAE previa no debe describirse como capricho, miedo irracional ni rechazo a la técnica, por el contrario, es una posición fundada en la necesidad de que primero se evalúe el territorio completo, sus límites ecológicos, su sistema hídrico, su vocación agrícola y sus riesgos acumulativos.
Quien exige EAE está pidiendo más ciencia, no menos; más Estado, no menos; más responsabilidad pública, no menos.
Expone que esa oposición se vuelve todavía más legítíma cuando los documentos de base describen un territorio donde el agua sostiene acueductos, riego y economía campesina; donde la agricultura tiene peso estratégico; y donde la expansión minera se concibe como distrito y no como enclave aislado.
En esas condiciones, la defensa radical del territorio es una defensa racional del interés nacional.
Qué debe hacer el Estado antes
Ordenar y realizar una Evaluación Ambiental Estratégica para toda la franja minera y su área de influencia hídrica, ecológica y social.
Definir con base técnica y pública las zonas incompatibles con minería metálica, especialmente cabeceras de cuenca, áreas de recarga, territorios agrícolas crí�cos y corredores biológicos. Evaluar impactos acumulativos, no solo impactos de proyecto.
Comparar de manera abierta el modelo minero con alternativas de desarrollo territorial más seguras y duraderas.
Fijar lineamientos obligatorios para cualquier estudio posterior, de modo que ningún EIA pueda presentarse fuera de ese marco. Abrir un proceso real de información pública comprensible, no solo trámites técnicos cerrados para especialistas.
EN RESUMEN• Sin Evaluación Ambiental Estratégica no hay decisión seria, solo fragmentos de información.
• No se puede decidir el destino del Suroeste mirando un expediente aislado.
• La EAE responde si el territorio admite minería; el EIA solo discute cómo operaría un proyecto puntual.
• Cuando el riesgo es regional, evaluar por partes es esconder el problema.
• Un Estudio de Impacto Ambiental sin Evaluación Ambiental Estratégica previa no aclara el conflicto: lo reduce artificialmente y engaña al país.
• Defender el agua, la agricultura y las cuencas del Suroeste no es extremismo; es responsabilidad nacional.
CONCLUSIÓN
Concluye con que la cuestión de fondo no es si un expediente individual parece bien redactado. La cuestión de fondo es si el Estado dominicano tiene derecho a decidir por partes lo que solo puede decidirse mirando el conjunto.
Estima que en el Suroeste, donde el agua, la agricultura, la biodiversidad y la vida comunitaria forman un sistema inseparable, la respuesta debe ser no.
Primero la Evaluación Ambiental Estratégica.Después, y solo después, podría discutirse si tiene sentido abrir o no la puerta a estudios de proyectos específicos.
Hacerlo al revés equivale a construir la coartada técnica antes de resolver la pregunta territorial verdadera.
Por eso, la posición más clara, más honesta y más responsable es que ningún Estudio de Impacto Ambiental minero individual debe avanzar en el Suroeste sin una Evaluación Ambiental Estratégica previa, pública, rigurosa y vinculante.
Todo lo demás debilita la capacidad del país para proteger su patrimonio natural, su seguridad hídrica, su soberanía alimentaria y su paz social.
Por todo lo anterior, la CAUASD y la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias asumen como propias las preocupaciones y objeciones presentadas por las entidades sociales, comunitarias y ambientales que impugnan el Estudio de Impacto Ambiental en el frente Romero.
Esas entidades, solicitan formalmente al Estado dominicano proceder a la Evaluación Ambiental Estratégica como requisito previo a cualquier decisión sobre el tema.