SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Informe de investigación técnica desarrollado por varias instituciones y academias, concluye de manera contundente, que la desecación aguda del humedal Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral o Rincón no es un fenómeno natural cíclico, sino el resultado predecible de una crisis de gobernanza hídrica y un colapso de la institucionalidad ambiental del Estado.
La investigación, fue realizada a solicitud de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Senado de la República, por un equipo técnico de la Comisión Ambiental de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Comisión de Ciencias Naturales y
Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD).
El informe técnico ofrece un diagnóstico integral de la crisis hídrica que afecta al Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral o Rincón, el cuerpo de agua dulce más importante de la República Dominicana, y a la cuenca baja del río Yaque del Sur.
Los hallazgos de campo y el análisis documental confirman que la causa principal y
determinante de la crisis es la derivación de entre el 80% y el 90% del caudal del río Yaque del
Sur en el dique de Santana para el uso exclusivo del Consorcio Azucarero Central (CAC).
Esta sobreexplotación, confirma el informe, se ve agravada por la obstrucción total y el abandono deliberado del Canal Trujillo, la principal arteria de alimentación de la laguna, cuyo estado de ruina contrasta con el mantenimiento óptimo de la infraestructura que sirve a los intereses del consorcio.
Estima que la responsabilidad primaria de esta catástrofe recae en el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI), entidad que ha abdicado de su función reguladora y ha incumplido de manera flagrante su obligación legal, asumida en el Acuerdo Interinstitucional de 2021, de
«mantener un caudal ecológico que nutra consistentemente» a la laguna.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), aunque ha diagnosticado correctamente la causa, ha fracasado en aplicar su autoridad para hacer cumplir la ley y los acuerdos vigentes, demostrando una ineficacia fiscalizadora preocupante.
Advierte que esta crisis de gestión se ve exacerbada por factores sistémicos que comprometen la viabilidad de toda la cuenca.
La degradación crónica y acelerada de la cuenca alta, impulsada por la deforestación y prácticas agrícolas insostenibles, ha reducido la capacidad natural de regulación hídrica del sistema, disminuyendo la oferta de agua y aumentando la carga de sedimentos que azolvan las presas y la propia laguna.
Adicionalmente, señala, una nueva y formidable amenaza se cierne sobre la región: la proliferación de concesiones mineras en las zonas de cabecera, destacando el proyecto Romero de Gold Quest.
La potencial introducción de la minería de oro y cobre a gran escala en esta cuenca ya críticamente estresada representa un riesgo inaceptable que podría comprometer de manera irreversible la calidad y cantidad del agua para toda la región Suroeste.
Define las consecuencias de la desecación actual son devastadoras, constituyendo un «ecocidio» en un
humedal designado como Sitio Ramsar de importancia internacional.
Se ha documentado una mortandad masiva de peces y anfibios, incluyendo especies endémicas y amenazadas, y el colapso total de la economía pesquera que sustenta a más de 30,000 familias, generando hambre, desempleo y desesperación en una de las zonas más vulnerables del país.
Propuestas
Este informe propone un plan de acción por fases, comenzando con la adopción inmediata del
«Decálogo Presidencial Urgente» exigido por las comunidades afectadas.
Este decálogo incluye medidas de emergencia como la declaración de un estado de emergencia, la
liberación de pulsos de agua para reanimar la laguna, el establecimiento de un caudal
ecológico permanente y la reapertura inmediata del Canal Trujillo.
A estas medidas deben seguir reformas estructurales a corto y mediano plazo para restaurar la gobernanza del agua, incluyendo la renegociación de los acuerdos de asignación con el CAC, la implementación de un sistema de auditoría pública del agua, la ejecución de un plan robusto de
restauración de la cuenca alta y la imposición de una moratoria a los proyectos mineros
hasta que se garantice la seguridad hídrica de la región.
La solución no reside en grandes inversiones, sino en la voluntad política para restaurar el estado de derecho y reafirmar la soberanía del Estado sobre sus recursos hídricos.