SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A dos meses este martes de la aprobación de la modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, se mantiene en el Senado de la República sin ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, como manda la Constitución.
Mientras la Ley se mantiene “secuestrada” en los archivos del Senado los residuos sólidos se esparcen por todas partes, corren por cañadas y ríos hasta terminar en el mar, debido a la incapacidad de los ayuntamientos para su recolección y disposición final.
La modificación a la citada Ley fue aprobada por el Senado de la República el 23 de julio de este año 2025, a finales de la pasada legislatura, pero sin ninguna explicación no ha sido enviada al Poder Ejecutivo en el plazo que establece la Constitución y el reglamento de este cuerpo legislativo.
Antes de llegar al Senado, la Comisión Especial que estudió el proyecto escuchó a todos los sectores que intervienen en la municipalidad, así como a más de 30 entidades empresariales, grandes, medianas y pequeñas, que se había opuesto a la Ley, con los que llegó a consenso.
En el sector municipal atribuyen la acción a presión de sectores empresariales que se resisten a sacrificar una mínima parte de sus ganancias a pesar de que con ello el país avanza hacia un territorio limpio, base fundamental para la salud y el turismo.
Con el engavetado de la Ley, el Senado viola su propio reglamento, en su artículo 180, que otorga un plazo no mayor de 15 días para que una vez sancionada una normativa sea enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, o devolverla a la Cámara de Diputados, lo que no ha sucedido.
El director ejecutivo de la Federación dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Pedro Richardson, exhorta al presidente del Senado, Ricardo de Los Santos, enviar de inmediato la Ley aprobada al Poder Ejecutivo, tras definir la acción como “secuestro”.
Cañada Juan Guzmán, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, arrastra toneladas de residuos sólidos hacia el río Haina que luego descarga en el mar.
Expresó que la municipalidad está altamente preocupada, porque esa Ley contempla ingresos que deben ser estipulados en el Presupuesto General del próximo año.
“El presidente de la República ha pedido que se lo envíen, pero es una pena que el presidente del Senado entre a la historia por la puerta de atrás por una acción como esa”, expuso Richardson.
Afirma que los municipios y distritos municipales recibirían alrededor de RD$2,500 millones el próximo año, por concepto de Ley, única y exclusivamente para la limpieza de los territorios, que significa RD$20.00 por habitante por mes.
En virtud de la Ley, alcaldía como la del Distrito Nacional recibirían alrededor de RD$400 millones extra al año, o como la de San Pedro de Macorís ocho millones de pesos mensuales, es decir, RD$96 millones al año.
Indica que en el país hay sectores que venden RD$75 mil millones al año y son los que más generan desperdicios, sin embargo, se resisten aportar.
Define la modificación a la Ley como una iniciativa país, porque esta no contemplaba recursos para la recolección y de esa manera no hay forma de trasladarlo a los puntos de transferencias y destinos finales.
“Con camiones destartalados, con 25, 30 y 35 años, lanzando lixiviados en las calles, consumiendo más de 30 galones de combustibles diarios, los gobiernos locales no pueden ofrecer un servicio de aseos urbano aceptable”, alerta el municipalista.
Vertedero de residuos sólidos en calle Hermanos Pinzón, illa Consuelo, Distrito Nacional, y así como este aparecen en cualquier vía.
Comisión Medio Ambiente
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Juan Medina, defiende la modificación a la Ley 225-20 ya que contribuirá a una mejor gestión en la limpieza del territorio nacional.
Medina, quien presidió la comisión que estudió la modificación a la normativa, respondió a los gremios empresariales que rechazan la Ley, a quien advirtió que el país necesita avanzar hacia una gestión moderna de los residuos, aunque implique sacrificios económicos.
Diversas organizaciones empresariales solicitan al presidente Luis Abinader no promulgar la citada Ley, por considerar que dispone de cargas desproporcionadas para los sectores productivos.
El diputado Medina, de la provincia Puerto Plata, señaló que “en este país nadie quiere pagar nada, pero todos quieren una ciudad limpia y sin vertederos a cielo abierto”.
“Una empresa que factura más de mil millones de pesos al año, ¿no puede pagar 675 mil pesos en un año, en dos partidas, para la gestión de los residuos que genera? Vamos a aportar todos”, sostuvo.
Frente a las críticas de que no hubo suficiente consulta, Medina recordó que la comisión escuchó a más de 30 instituciones y personas durante el proceso de revisión.
“Lo que pasa es que en este país cada quien quiere una ley hecha a su medida. Todo el mundo quiere una ley que lo favorezca solo a él. Vamos a pensar en el país”, reclamó.
El diputado también defendió el principio de responsabilidad compartida y destacó que la ley contribuirá a mejorar la imagen del país frente al turismo.