SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) Milagros Ortiz Bosch advirtió que todos funcionarios que no cumpla con la Declaración Jurada de Patrimonios como manda la Ley 311-14 desconoce la autoridad del Estado.
Asimismo, la ex vicepresidenta de la República manifestó que nunca ha estado de acuerdo con que se rompan contractos y continúen ejecutándose, como fue el caso de la empresa Transcore Latam SRL que tenía el control Semafórico de la ciudad de Santo Domingo.
La doctora Ortiz Bosch lamenta que la Ley que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicosfuera, fuera aprobada para no ser cumplida.
Entrevistado en el Senado de la República, previo a encabezar un taller con los legisladores sobre la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, Ortiz Bosch resaltó que la apertura de este evento indica el compromiso de este cuerpo del Congreso por la transparencia.
Considera la Ley fundamental para la democracia y en ese sentido se desarrollan grandes transformaciones que serían dadas a conocer próximamente.
Estima que la población debe saber los que hacen los funcionarios con el dinero que aportan al Estado a través de los impuestos, por lo que la jornada constituye un mensaje del Senado de la República sobre la importancia de satisfacer el conocimiento de la sociedad sobre los recursos públicos.
La normativa expresa que toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal.
Recuerda la disposición del presidente Luis Abinader que instruye a la Contraloría General de la República no subir a nóminas a quienes no hayan presentado su declaración jurada de patrimonio.
Deplora que la Cámara de Cuentas no envíe a los órganos del Estado un informe detallado con los funcionarios que no han entregado sus declaraciones juradas de patrimonio.
De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de Los Santos, informó que el taller busca crear conciencia entre los legisladores, sobre todo, entre los nuevo, sobre el compromiso de cumplir la Ley.
Caso apagón semáforos
En torno al apagón de semáforos la pasada semana, el presidente del Senado considera que fue un atentado a la seguridad vial, por tanto, los responsables deben ser sancionados como merecen.
Recientemente el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) emitió un comunicado para aclarar los eventos que llevaron a la reciente crisis del sistema semafórico.
En la noche del 27 de agosto, los técnicos del INTRANT descubrieron que la empresa Transcore Latam SRL, contratada para modernizar y gestionar la red de semáforos, estaba realizando reemplazos de equipos sin la autorización requerida.
Este incumplimiento representó una grave violación de los acuerdos contractuales.
A pesar de recibir una advertencia inmediata por parte del INTRANT, Transcore Latam SRL decidió suspender todos sus servicios a las 10:44 p.m. del mismo día, lo que exacerbó el caos en las calles, afectando inicialmente 29 intersecciones y extendiéndose a 55 en pocos días.
Ante el creciente riesgo para la seguridad pública, el INTRANT optó por intervenir directamente en el sistema semafórico el 29 de agosto.
Un equipo técnico de emergencia tomó el control de seis nodos de comunicación a través de fibra óptica, restableciendo el funcionamiento de los semáforos afectados.
Durante un periodo de 48 horas, los técnicos del INTRANT trabajaron sin descanso para reestablecer el control manual del sistema y asegurar que el Estado pueda gestionar cualquier avería futura de manera independiente.
Aunque el sistema semafórico ha vuelto a estar bajo control estatal, el incidente reveló varias vulnerabilidades que requieren atención inmediata.
Este evento ha evidenciado la fragilidad de la infraestructura semafórica y subrayado la necesidad de un control más centralizado y seguro.