SANTO DOMINGO. – El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, afirmó que las recientes decisiones emitidas en el denominado caso Calamar evidencian fallas en los procesos de investigación y persecución de la corrupción, al considerar que uno de los expedientes más emblemáticos impulsados por el Ministerio Público no ha producido los resultados que fueron presentados ante la opinión pública.
Durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo, De la Rosa sostuvo que el auto de no ha lugar otorgado a parte de los principales imputados representa un revés para la estrategia de persecución penal en materia de corrupción administrativa.
“El no ha lugar concedido a parte de los inculpados en este caso, que fue presentado como la panacea de la lucha contra la corrupción, pone en evidencia que los resultados esperados no fueron alcanzados. Se trata de un expediente que involucraba a altos exfuncionarios y que fue presentado como un referente en la lucha contra la impunidad”, expresó.
Indicó que el desenlace parcial del proceso genera interrogantes sobre la calidad de las investigaciones realizadas y sobre la capacidad de sustentar ante los tribunales acusaciones de gran trascendencia pública.
“A partir de lo ocurrido, queda en evidencia que hubo fallas en el proceso de investigación y recopilación de evidencias que permitieran sostener las imputaciones y alcanzar los objetivos de la justicia, que son resarcir al Estado cuando ha sido perjudicado, sancionar a los responsables y prevenir futuras conductas irregulares”, señaló.
El presidente de ADOCCO consideró que el Ministerio Público debe evaluar los procedimientos que está aplicando en los casos de corrupción de alto perfil.
“No se justifica que, después de la parafernalia mediática que suele acompañar estos expedientes, algunos de ellos terminen sucumbiendo por falta de soportes probatorios suficientes. Esto obliga a una revisión profunda de los métodos de investigación y de la forma en que se construyen los casos”, manifestó.
Asimismo, expresó preocupación por la prolongación de algunos procesos judiciales, señalando que la duración excesiva de los expedientes también impacta la credibilidad del sistema de justicia y los derechos de los involucrados.
De la Rosa también se refirió a la situación de aquellos imputados que, tras haber permanecido bajo medidas de coerción severas, resultan beneficiados con decisiones de no ha lugar.
“Quien haya sido favorecido por un auto de no ha lugar, después de haber padecido una prolongada prisión preventiva, tiene el derecho de procurar una reparación por los daños que entienda haber sufrido. Existen precedentes de personas que han acudido a los tribunales para demandar al Estado en procura de indemnización”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la lucha contra la corrupción debe sustentarse en investigaciones rigurosas, pruebas sólidas y procesos respetuosos del debido proceso, a fin de garantizar que los casos puedan sostenerse con éxito en los tribunales y contribuir al fortalecimiento institucional del país.