SANTO DOMINGO, RD.- En República Dominicana no se venderá ni circulará una sola motocicleta sino bien con el casco protector certificado incluido, así como con el registro correspondiente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con lo que las autoridades buscan disminuir la siniestralidad vial y mayor seguridad ciudadana.
Así se estableció en el 1er. Foro Nacional para el Uso Responsable de la Motocicleta”, un espacio de diálogo y consenso que marca el inicio de una nueva etapa en la movilidad dominicana con el objetivo de mejorar la seguridad vial y transformar el uso de la motocicleta en el país.
En el foro organizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)“ la mayoría de los exponentes coincidió en atribuir el desorden vial y siniestralidad en el tránsito en el país al incumplimiento de la Ley.
La ministra de Interior y Policía (MIP) Faride Raful, manifestó que la motocicletas juegan un papel determinante en materia de seguridad ciudadana, a parte de que aportan más del 70% de los accidentes.
Precisó que lo que más se roba en RD son los celulares y las motocicletas, pero cuando ocurren accidentes fatales, el 65% corresponde a personas que transitan en estos aparatos, pero que la mayoría de los asaltos se producen desde estos vehículos.
Consideró necesario educar e involucrar a los ciudadanos en un gran plan de prevención y cumplimiento de la Ley para poder bajar las estadísticas de accidentes y muertes por esa causa.
Consideró que no se puede prolongar más el registro de las motocicletas para que las autoridades puedan identificar mediante el uso de la tecnología la propiedad del vehículo.
Reveló que junto a la DGII trabajan una resolución con miras a registrar las motocicletas, con placas más visibles para el sistema de videovigilancia, por lo que la clave es prevención, fiscalización, así como registro e inspección.
De su lado, la Procuradora General de la República, Yeni Berenice, mostró tres indicadores en el que señaló que más del 90% de los vehículos que se roban en RD son motocicletas, mientras que más del 73% de robos y atracos se producen utilizando estos aparatos como medio de transporte.
Pero además, dijo, que más de 72.3% de las muertes por accidentes de tránsito involucran una motocicleta, por lo que estos aparatos juegan un rol determinante en la seguridad ciudadana.
La PGR favorece la modificación de la Ley de Transito para aumentar las penas por muertes o lesiones por accidentes, cuando los involucrados hayan violado la normativa, como por ejemplo, exceso de velocidad, ingesta de alcohol y otros.
Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS) activó la alarma cuando informó que en 2023 murieron por accidentes de tránsito 3,128 personas, pero que el año pasado prácticamente la misma cantidad.
Lo más alarmante, indicó, es que más del 70% involucra a motocicletas, y que más del 50% de los que llegan a los hospitales no utilizan casco protector, pero los que existen no están certificados, por tanto no evitan un trauma craneocefálico severo.
“Un uso correcto del casco, debidamente certificado, reducen en más de un 60% el trauma craneocefálico severo, por tanto reduce la posibilidad de muerte”, apuntó.
Darío Lama, presidente de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (AFAMOTO) estima que la solución no es impedir la importación de estos aparatos, sino organizar la forma como se maneja en el país.
Advirtió que en el territorio nacional se mueven diariamente más de dos millones de personas, que las utilizan como medio de transportes.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que las importaciones de motocicletas en el período 2020-2023 fue de 180 mil por año, pero que el año pasado subió al alrededor de 295 mil.
“Esto nos obliga a realizar esfuerzo conjunto, aplicar la Ley y atender experiencias de otros países que han logrado a diferencia de RD, mejores resultados”, apuntó.
En cambio, Oscar Almánzar, presidente de la Federación Nacional de Motociclistas (FENAMOTO) se comprometió a ejecutar los planes aprobados por el Foro, ya que han sido fruto del consenso de todos los sectores involucrados.
Por primera vez en ocho años, desde la promulgación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se concreta una normativa específica orientada exclusivamente al uso responsable de la motocicleta.
Esta iniciativa, liderada por INTRANT, marca un hito en la aplicación efectiva de la ley y representa un paso decisivo hacia la construcción de una cultura vial más segura, ordenada y consciente en la República Dominicana.
Durante la celebración de la actividad, representantes del gobierno, el sector privado, asociaciones de motoconchistas, plataformas digitales y organismos internacionales presentaron una hoja de ruta con seis acciones clave que serán implementadas a partir de 2025.
La primera acción acordada es la implementación de una normativa técnica para regular la importación y venta exclusiva de cascos certificados, que cumplan con estándares internacionales.
Esta medida busca garantizar que los motociclistas cuenten con un equipo de protección que realmente salve vidas.
En segundo lugar, será obligatorio que todo ciudadano que desee conducir una motocicleta deba someterse a evaluaciones teóricas, prácticas y médicas para obtener la licencia categoría 01.
Esta disposición responde al compromiso de asegurar que los conductores estén debidamente capacitados y autorizados.
Otro de los compromisos adoptados es que toda motocicleta vendida en el país deberá incluir al menos un casco certificado, y se incentivará la entrega de un segundo casco para pasajeros.
Esta política, conocida como “Una moto, un casco”, busca asegurar que la protección comience desde el momento de la compra.
Asimismo, se reforzará la exigencia legal del uso de casco para los pasajeros.
A través de una mayor fiscalización y controles viales, las autoridades velarán por el cumplimiento de esta norma, reduciendo el riesgo de lesiones graves en caso de accidentes.
Las plataformas digitales también asumirán un rol activo en la promoción de la seguridad vial, por lo que estas empresas deberán educar a sus conductores y usuarios mediante la divulgación de contenidos sobre normas de tránsito, así como colaborar con las autoridades en la trazabilidad de incidentes y el respeto a la ley.
Finalmente, las federaciones y asociaciones de motoconchistas se comprometieron a garantizar la formación continua de sus miembros en conducción segura, educación vial y habilidades sociales, en coordinación con las instituciones competentes.
Esta hoja de ruta se alinea con los objetivos establecidos por el Decreto 656-24, que declara de alto interés la seguridad vial, y con el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, firmado por más de 120 entidades públicas y privadas, que busca reducir en un 50 % las muertes por tránsito en República Dominicana para el año 2030.
Estas medidas buscan transformar el uso de la motocicleta en el país, fortaleciendo la seguridad vial, reduciendo la siniestralidad, ya que el 65 % de las fatalidades registradas en el país, están involucradas motocicletas, lo que la convierte en uno de los principales desafíos para la seguridad vial en el país.
Sin embargo, esta transformación no puede depender de una sola institución ni de un grupo aislado, por eso, el foro apuesta por una alianza multiactor que integre los esfuerzos del sector público, el sector privado y la sociedad civil.
Ya se han formado importantes sinergias con motoconchistas, mensajeros, deliverys de colmados y plataformas digitales (como Uber, Pedidos Ya e In Drive), así como con usuarios particulares, clubes recreativos, motociclistas deportivos e influencers del sector.
“No estamos hablando solo de normativas, sino de proteger la vida de quienes todos los días se mueven en motocicleta para trabajar, estudiar o llevar sustento a sus hogares”, expresó el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison.
Como resultados esperados, Morrison también señala la disminución de muertes por accidentes de tránsito, el establecimiento de un diálogo permanente entre los sectores involucrados, la creación de consensos intersectoriales y el fortalecimiento del cumplimiento de la Ley 63-17.
Durante el evento, participaron figuras clave como el ministro de la Presidencia, y presidente del Gabinete de Transporte, José Ignacio Paliza; la procuradora general de la República, Jenny Berenice Reynoso; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; el director de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, y el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama; así como líderes del sector salud, empresarios del sector automotriz, y asociaciones como Afamoto, Asodimoto, y consejos de motoconchistas de todo el país.