La iniciativa de la autoría del diputado Gustavo Sánchez, establece que la norma vigente viola la Constitución y derechos fundamentales
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado Gustavo Sánchez, vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana, depositó ante la Secretaría General Legislativa, un proyecto que modifica la Ley número 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por considerarla contraria a la Constitución.
Afirma que la citada Ley además de contraria a la Constitución dominicana, también lo es de la declaración de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, los cuales República Dominicana ha ratificado, como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Esta ley no solo amenaza y viola derechos fundamentales contenidos en el orden jurídico interno, sino también, aquellos derechos fundamentales recogidos en el derecho convencional, como la libertad de prensa, el derecho a la privacidad, el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes con garantías jurídicas, se ven impactadas negativamente con la ley 1-24”, precisa Gustavo Sánchez en rueda de prensa donde informó sobre la propuesta de ley.
El legislador opositor añade que la ley 1-24, vigente en los actuales momentos, compromete la responsabilidad internacional de República Dominicana y reduce la situación de libertad de prensa.
En tal sentido, propone que sea modificada la ley número 1-24 que crea la DNI de fecha 15 de enero del 2024, y en consecuencia que se mantenga vigente la ley No. 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el Departamento Nacional de Investigaciones estará bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
Creía que el presidente Luis Abinader observaría la Ley en virtud del rechazo del que fue objeto, sin embargo, el Poder Ejecutivo la promulgó sin abstenerse a las consecuecias.
Sostuvo que la modificación que se propone es básicamente a los artículos que limitan la libertad de expresión, el que atenta el derecho a la privacidad.