SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ante la emisión del decreto 531-25 que declara de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, Ciudad Alternativa (CA) alerta para que se garantice el derecho de familias con más de 60 años en los barrios a ser impactados, y no se repita la práctica del Nuevo Domingo Savio (NDS) de reubicar personas si garantizar un destino más digno.
Ricardo González, director ejecutivo de CA, trae a colación la práctica de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) en NDS de sacar familias de los barrios La Ciénaga y Los Guandules entregando dinero sin garantizarles viviendas en lugares seguros.
Considera que debido a políticas erradas de desocupación, gran parte de las familias a ser removidas en lo delante de los más de 10 sectores de las márgenes de los ríos citado serían de las mismas sacadas de La Ciénaga y Los Guandules para dar paso al NDS.
El citado decreto designa a la URBE y al Ministerio de Medio Ambiente como responsables de la ejecución y supervisión del proyecto que declara de alta prioridad para el Gobierno la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, en el ámbito metropolitano del Gran Santo Domingo.
Tiene con propósito de lograr la regeneración física, urbana y ambiental de los terrenos ubicados en las riberas actualmente ocupados por asentamientos humanos.
El director ejecutivo de CA precisa que tienen documentado que la mayoría de familias que salieron del NDS terminaron en orillas de cañadas, zonas pantanosas cerca del río, pero los que lograron construir algún tipo de vivienda entran en la lista del déficit habitacional.
“El crecimiento que ha tenido la zona de Las Lilas, en Los Tres Brazos, los humedales del Ozama, la parte baja de Gualey y Las Cañitas, provienen de Domingo Savio, de donde fueron sacados, porque no tuvieron otras alternativas con los limitados recursos que recibieron”, apunta González.
Señala que no es que a la gente guste vivir a orilla de los ríos, sino porque es en eso lugares donde tienen acceso, porque con los recursos que les entregan no puede comprar en lugares dignos.
“Entonces, esa práctica, el Estado dominicano debe erradicarla, porque no podemos trasladar el déficit habitacional a otras zonas vulnerables, porque lo que se precisa es disminuir el déficit habitacional”, subraya.
Estima que con el concurso de la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil se pueden generar proyectos de desarrollo de largo plazo, en la que el Estado pueda dar respuestas que no sea el desalojo, que URBE llama reubicación.
Sugiere al gobierno poner en práctica el Plan Decenal de Viviendas que fue trabajado por toda la sociedad, el Estado y todos los sectores que intervienen en proyectos habitacionales, de donde salió un diagnóstico sobre lo que hay que hacer.
Otro decreto
En 2014 se emitió el decreto 260-14, que buscaba el mismo propósito que el 531-25, pero concentrado en las cuencas baja, media y alta de los ríos Ozama e Isabela, que provocó articular a todos los cabildos que se conformaron en una gran Mancomunidad del gran SD, instituciones del gobierno y entidades sociales, empresariales y ambientales.
Sin embargo, precisa González, el decreto fue dejado de lado por el presidente Luis Abinader, a pesar de que se elaboró un perfil con más de 50 proyectos, entre ellos, la Planta Potabilizadora de Aguas Residuales La Zurza, con una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.
Analizan decreto
Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Red de Organizaciones del Barrio 27 de Febrero (Reocofe), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), la Junta de Desarrollo La Cuaba y el Consejo de Desarrollo Comunitario La Caleta (Codecoc), analizaran la decisión del presidente Luis Abinader, al declarar la situación de los ríos Ozama e Isabela de “alta prioridad” nacional para los pobladores de barrios carenciados.
Los líderes barriales Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, Fiordaliza Guzmán y Elín Cuevas, Fabio Correa y Santo Carbajal Mota, sostendrán un encuentro comunitario y vecinales dentros de sus organizaciones este fin de semana, para analizar el decreto 531-2025 y que fijaran posición en las próxima semana, ya que nor permitirán desalojo compulsivos a los miles de ciudadanos que habitan en los ríos Ozama e Isabela como ha sido a la fecha el comportamiento del Estado cuando plantea proyectos de esa magnitud.
Sostienen que desde hace varias décadas las organizaciones sociales, comunitarias y religiosas de las riberas de estos ríos, han planteado la necesidad en los pasados presidentes Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y al propio presidente Luis Abinader; para que accionaran en relación al daño ecológico producido por las aguas residuales de las industrias, empresas, hospitales y de los miles de hogares residentes en las cañadas y ribera de los ríos.
El decreto
El Decreto 531-25 designa a la URBE y al Ministerio de Medio Ambiente como responsables de la ejecución y supervisión del proyecto.
El referido decreto establece los límites geográficos propuestos y dispone que para la ejecución de los trabajos necesarios en la intervención, se designa a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), a la cual se le atribuye la responsabilidad de remozar, construir y readecuar las infraestructuras, dotaciones y vías existentes.
De igual modo, desarrollar las que resulten necesarias, garantizando que las intervenciones respeten las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de la zona.
Asimismo, deberá realizar procesos de socialización con la comunidad afectada, a fin de asegurar la participación de los residentes en la intervención y rehabilitación, protegiendo sus derechos y promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo, así como gestionar la negociación y reubicación de los habitantes impactados por los trabajos que se lleven a cabo en los sectores objeto de la intervención.
Además, se encomienda al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la responsabilidad técnica y ambiental del proyecto, comprendiendo la evaluación y supervisión de las actividades que se desarrollen en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, a fin de asegurar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales.
Asimismo, corresponde a dicho Ministerio implementar medidas de conservación para la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas acuáticos, forestales y ribereños afectados por el proyecto.
Cuando inicia
Es un proyecto que inició con la intervención norteamericana de 1965, que luego de su retiro, en 1968, dejó varias recomendaciones, entre ellas, la construcción de una avenida a todo largo del río Ozama que permita ofrecer respuestas rápidas dentro de la estrategia de control ciudadano.
Es a partir de esa intervención, cuando las márgenes de los ríos Ozama e Isabela inician a ser ocupados por asentamientos humanos y que se consolidaron en las décadas de los 70 y 80.
Es a partir de ahí cuando surgen organizaciones como el Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) para defender a la población de los desalojos compulsivos o forzosos.
Además, entidades como Ciudad Alternativa (CA) para proponer soluciones alternativas a desalojos forzosos, tomando en consideración el derecho a la ciudad de los ciudadanos.
El primer triunfo de COPADEBA es el barrio de Guachupita, a finales de los 80, donde logró que pasara de una barriada con viviendas muy precarias a otro por apartamentos dotados de escuelas, clubes, iglesias, canchas, pero sobre todo, que las familias se quedaron en el mismo lugar.
Durante el período 1986-1990, se elaboró un plan indicativo que planteaba los que se debía realizar en la zona norte con miras a la celebración del V Centenario en 1992, de donde surgieron los desalojos de Villa Juana y Villa Consuelo, quedando algunas obras pendientes.