SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Familiares, amigos y relacionados de las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set, se cocnentraron y marcharon indignados este domingo hacia el Palacio de Justicia por la lentitud del sistema de justicia dominicano para castigar a los responsables.
Entre llantos y rabia por la impotencia, los manifestantes, concentrado frente a la estación del Metro de Santo Domingo, profesor Juan Bosho, levantaron pancartas, letreros y otros objetos en los que reclamaban la aplicación de justicia contra los propietarios del Jet Set, donde murieron más de 230 personas, una gran cantidad de lesionados y traumatizados.
Entre los reclamos dl Movimiento Justicia Jet Set resaltaban, entre otros, cárcel para los asesinos, por la verdad, la memoria y la justicia, así como justicia por cada uno de los que murieron en la tragedia.
Los familiares y relacionados también mostraban fotografías de sus seres sin vida, muchosde los cuales dejaron huérfanos a sus hijos, que ahora son atendidos por abuelos, hermanos y otros familiares.
Entre los manifestantes se encontraba el padre Rogelio Cruz, obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña (ICAP) para República Dominicana y El Caribe, manifestó que la magnitud del caso es tan grande que no puede venir ahora Antonio Espaillat, que ha resuelto, con cheles, al 70% de los afectados y que hay un movimiento para atender a los huerfanos.
“Es como decir que no son nadie, que no son seres humanos; es un atrevimiento de él y una una burla a todos los dominicanos, a la justicia dominicana, es una forma de decir mate uno, mate dos, no hay justicia”, expresó Cruz.
Consideró que es tan grande el caso que no hay forma de que la lucha sea detenida, por lo que el aniversario convocan a una gran manifestación en el lugar de los hechos.
Rafael José Navarro, padre de Evelin María de León, una de las víctima, expresó con rabia su indignación acusando a Espaillat de quitarle la vida a su hija de 35 años, quien dejó a dos hijas en la orfandad, las que cuida.
Ismael Antonio Díaz y Manuel Antonio Díaz, así como esposa Patria Matos, perdieron la vida la madrugada de la tragedia, dejaron a varios huérfanos, con consecuencias impredecibles para ellos.
Minerva Villa de Díaz, abuela de algunos los fallecidos en Jet Setx, tuvo que ser auxiliada por sus familiares que les acompañaban en la manifestación, debido a que estuvo a punto de un ataque de nervios.
En la justicia
A casi 10 meses de la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, el proceso judicial continúa su curso en medio de cuestionamientos, reclamos de justicia y una creciente presión social por parte de los familiares de las víctimas.
El derrumbe, considerado una de las mayores tragedias registradas en centros de entretenimiento del país, dejó un saldo final de 234 personas fallecidas. De estas, 221 murieron en el lugar, mientras que el resto falleció posteriormente en distintos centros de salud. Entre las víctimas mortales figura el propio Rubby Pérez, quien amenizaba la actividad al momento del colapso.
Ante la magnitud del hecho, en junio del año pasado el Gobierno anunció la entrega de un “bono de emergencia” de RD$ 30,000 mensuales por un período de seis meses a los familiares de las víctimas mortales, como medida de apoyo económico.
Ese mismo mes, a dos meses de la tragedia, el 12 de junio, el Ministerio Público arrestó al propietario del establecimiento, Antonio Espaillat López, y a su hermana Maribel Espaillat, administradora del centro de diversión. Una semana después, el 19 de junio, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional les im
puso una garantía económica de RD$ 50 millones, además de impedimento de salida del país y presentación periódica, declarando el proceso como caso complejo, debido al volumen de víctimas, pruebas y denuncias.
Las medidas fueron ratificadas el 8 de agosto por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que desestimó 26 recursos de apelación interpuestos por querellantes que solicitaban la imposición de prisión preventiva contra los imputados.
En la fase siguiente del proceso, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 16 de marzo de 2026 el inicio de la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat.
En este contexto, abogados de las víctimas han manifestado su preocupación por la aparente lentitud del proceso. Entre ellos, Jean Cristofer Pérez, representante legal de Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, afirmó que en el caso del colapso del techo del Jet Set Club “habrá justicia, pero no como la gente espera”, al advertir que el proceso penal difícilmente concluiría con condenas de prisión para los imputados.
Paralelamente al desarrollo judicial, el Movimiento Justicia Jet Set, integrado por sobrevivientes y familiares de las víctimas, convocó a una marcha pacífica para este domingo 25 de enero, a la 1:00 de la tarde, con el objetivo de exigir responsabilidades penales y el escl arecimiento total de los hechos.
Ante esta convocatoria, el abogado defensor de los hermanos Espaillat, Miguel Valerio, reconoció el derecho de los ciudadanos a protestar, aunque sostuvo que todo lo relacionado con el caso debe ventilarse exclusivamente en los tribunales.