SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; la Coalición por una Seguridad Social Digna; la Fundación Juan Bosch; Ciudad Alternativa; y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), presentaron este lunes el estudio “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, en el que analizan la evolución del sistema entre 2010 y 2024.
La investigación sostiene que el modelo establecido por la Ley 87-01 ha favorecido una creciente transferencia de recursos públicos y cotizaciones sociales hacia el sector privado, en detrimento de los servicios públicos de salud.
Entre los principales hallazgos, el informe señala que entre 2010 y 2024 los prestadores privados recibieron RD$597,659 millones, equivalentes al 80.5% de los pagos realizados por el Seguro Familiar de Salud (SFS), mientras que los prestadores públicos recibieron RD$144,856 millones, apenas el 19.5%.
Asimismo, indica que las ARS privadas transfirieron RD$361,472 millones a prestadores privados y RD$50,693 millones a prestadores públicos durante el período analizado. En el caso de SENASA, los pagos a prestadores privados dentro del Régimen Subsidiado pasaron de representar el 21% en 2010 al 66.9% en 2024.
El estudio también destaca que la contratación de prestadores ha favorecido ampliamente al sector privado. Según los datos presentados, SENASA ha contratado catorce veces más prestadores privados que públicos, mientras que las ARS privadas han contratado dieciséis veces más.
Otro aspecto señalado es que, pese a las disposiciones de la Ley 87-01 y una sentencia del Tribunal Constitucional, en 2025 todavía el 31.5% de los empleados públicos permanecían afiliados a ARS privadas en lugar de SENASA.
La investigación estima además que entre 2007 y 2025 las ARS privadas absorbieron RD$87,650.3 millones en beneficios y gastos administrativos provenientes del Seguro Familiar de Salud, recursos que, según los autores, pudieron destinarse al fortalecimiento de programas públicos de salud.
Los investigadores sostienen que las limitaciones de cobertura, los pagos de bolsillo y las dificultades de acceso a servicios forman parte de un modelo que privilegia la rentabilidad financiera por encima de la garantía efectiva del derecho a la salud.
A partir de estos hallazgos, las organizaciones consideran que los problemas observados en SENASA durante los últimos años deben analizarse dentro de un proceso más amplio de privatización progresiva del sistema de salud. En ese sentido, afirman que el deterioro de los servicios públicos responde principalmente al insuficiente financiamiento estatal y a la transferencia sostenida de recursos hacia el sector privado.
Finalmente, las entidades hicieron un llamado a rechazar cualquier reforma a la Ley 87-01 que debilite aún más el papel de SENASA y de los servicios públicos de salud. Asimismo, abogaron por la construcción de un sistema de seguridad social más justo, solidario y transparente, capaz de garantizar el derecho a la salud de toda la población sin exclusiones ni barreras económicas.