SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresa preocupación ante la implementación de proyectos de puertos secos en la frontera dominico-haitiana, tras considerar que la iniciativa amenaza el comercio tradicional que, durante décadas, ha servido de sustento a más de 100 mil familias fronterizas.
En rueda de prensa, encabezada por el secretario general Johny Pujol y tres vicepresidentes vicepresidente del PLD, en la Casa Nacional, advierte que el proyecto además pone en riesgo la soberanía nacional, ya que miles de dominicanos sería empujados a abandonar la frontera que sería ocupado por grandes corporaciones transnacionales.
El comercio dominico-haitiano no fue construido por grandes corporaciones multinacionales ni por élites económicas alejadas de la realidad fronteriza, sino por el esfuerzo cotidiano de miles de comerciantes, transportistas, productores y pequeños emprendedores de las provincias de la frontera, que lograron desarrollar uno de los mercados binacionales más dinámicos del Caribe.
En la rueda de prensa en la que estuvieron presentes también, los vicepresidentes Iván Lorenzo, Juan Temístocles Montás y Zoraima Cuello, y Elías Cornelio, el partido morado establece que eEse tejido económico constituye una importante economía social fronteriza que ha permitido sostener empleos, ingresos y estabilidad en comunidades históricamente abandonadas por el Estado.
Lorenzo, quie leyó el documento, afirmó que más de 13 mil comerciantes dependen directamente de la dinámica comercial fronteriza y esto impacta de manera indirecta a más de 100 mil personas en las provincias de Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Pedernales, entre familias, transportistas, trabajadores informales, productores agrícolas, suplidores y pequeños negocios locales.
Por esto, el PLD considera que cualquier iniciativa orientada a modernizar el comercio con Haití debe partir de un principio fundamental: la modernización no puede significar el desplazamiento de los actores económicos tradicionales de la frontera ni la concentración del comercio en pocas manos.
Destaca que el Decreto 166-26 declara de alto interés nacional la construcción y operación de puertos secos en la zona fronteriza, plantea objetivos legítimos como ordenar el comercio, fortalecer controles y desarrollar infraestructura logística.
Sin embargo, el problema no está únicamente en los objetivos declarados, sino en las consecuencias económicas reales y sociales que podría generar un modelo mal diseñado en un país con debilidades institucionales y limitaciones históricas en materia de control aduanero y lucha contra el contrabando.
Pequeños y medianos quedarían fuera
Particular preocupación genera el artículo 5 del referido decreto, el cual establece que toda sociedad comercial que pretenda obtener la habilitación para la operación de los denominados puertos secos deberá construir y desarrollar una terminal intermodal terrestre, además de cumplir con múltiples requisitos en materia de infraestructura de transporte, capacidad operativa, plataformas tecnológicas, servicios especializados, manejo logístico y estándares ambientales.
Advierte el PLD, que la realidad es que esas exigencias técnicas, financieras y operativas resultan prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los comerciantes tradicionales de la frontera, pequeños y medianos empresarios que históricamente han sostenido el comercio binacional.
Alerta que esto crea el riesgo de excluirlos del nuevo modelo económico y transferir la actividad comercial hacia grandes operadores con alta capacidad de inversión.
A la situación se suma la necesaria articulación con los puestos interagenciales ya existentes en la frontera, estructuras implementadas precisamente para fortalecer el control migratorio, aduanero, sanitario y de seguridad.
El PLD estima que el país necesita claridad sobre cómo coexistirán ambos modelos operativos, cómo se evitará la duplicidad institucional y cuáles serán las garantías reales para impedir mayores espacios para el contrabando y la informalidad.
El riesgo es evidente. Primero, que el comercio fronterizo tradicional sea sustituido por estructuras altamente concentradas; segundo, que pequeños y medianos comerciantes dominicanos sean desplazados; tercero, que grandes operadores importen mercancías extranjeras destinadas supuestamente al mercado haitiano y que una parte significativa de esos productos termine penetrando ilegalmente al mercado dominicano, afectando la producción nacional, el empleo y las recaudaciones fiscales.
Qué propon eel PLD
Por eso, el PLD propone que cualquier proceso de modernización del comercio fronterizo se sustente en cinco principios fundamentales:
1. Protección del comercio fronterizo tradicional y de los pequeños y medianos comerciantes dominicanos.
2. Garantías estrictas contra el contrabando y la triangulación comercial, mediante controles tecnológicos, trazabilidad y supervisión independiente.
3. Participación obligatoria de productores y comerciantes fronterizos en la gobernanza de los puertos secos.
4. Prioridad para productos dominicanos y encadenamientos productivos nacionales.
5. Transparencia absoluta en las concesiones, permisos y operadores autorizados, para evitar monopolios y concentración económica.
El intercambio comercial con Haití tiene una enorme importancia para la economía dominicana.
Las exportaciones dominicanas hacia Haití superan ampliamente las importaciones y constituyen una fuente relevante de ingresos para miles de empresas y trabajadores.
Pero precisamente por esa importancia, las decisiones sobre la frontera no pueden adoptarse sin consenso nacional ni sin evaluar cuidadosamente sus impactos económicos, sociales y de seguridad.
La experiencia dominicana demuestra que cada vez que los mecanismos de control fallan, quienes terminan pagando las consecuencias son los productores nacionales, especialmente los sectores agropecuario, industrial y comercial.
Más preocupante aún es que el modelo propuesto parece privilegiar una lógica de enclave logístico bajo régimen de zona franca, orientada más hacia grandes operadores económicos que hacia el fortalecimiento del aparato productivo nacional y las economías fronterizas.
El PLD considera que la frontera no puede ser concebida exclusivamente como un corredor para importaciones y reexportaciones.
La frontera debe ser un espacio de desarrollo nacional, producción, integración territorial y fortalecimiento de la soberanía económica dominicana.
La República Dominicana necesita modernizar su frontera. Pero modernizar no puede significar sustituir la economía nacional por un modelo de intermediación importadora vulnerable al contrabando, la evasión y la concentración económica.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana asumimos la defensa de los comerciantes y familias que dependen de esta dinámica económica; el comercio fronterizo no puede modernizarse destruyendo la frontera. El desarrollo de la frontera debe hacerse con la frontera, no contra la frontera.