La Asociación respalda regular el sector, pero advierte que el proyecto, tal como está redactado, exige un seguro que el mercado dominicano todavía no tiene, abre la puerta a que el registro turístico se use para cobrar impuestos, deja fuera a zonas con tierras en proceso de saneamiento y podría terminar anulado en los tribunales
SANTO DOMINGO, República Dominicana — 3 de agosto de 2026. La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) confirmó que el pasado viernes 31 de julio depositó formalmente ante el Ministerio de Turismo (MITUR) una instancia administrativa acompañada de una Matriz de Riesgos y Análisis Jurídico sobre los proyectos de resolución que crean el Registro Nacional de Hospedaje Turístico (RENATUR) y regulan los servicios de alojamiento de corta estadía.
El documento, elaborado por el Equipo Técnico Legal de la Asociación como parte del proceso de consulta pública convocado por MITUR, plantea un mensaje claro: la regulación es necesaria, pero su diseño actual necesita ajustes técnicos antes de convertirse en norma.
El problema de fondo
Según el análisis de ADORECO, los proyectos de resolución parten de una premisa jurídica que debe revisarse: regulan las rentas cortas con la misma lógica de la actividad hotelera tradicional.
Ese enfoque, advierte la Asociación, podría imponer obligaciones, cargas administrativas y procedimientos que no corresponden a la naturaleza de esta actividad ni a la diversidad de actores que la integran, desde el pequeño anfitrión hasta el operador profesional.
Grietas encontradas
Para el anfitrión de a pie
Trámite triplicado: un mismo inmueble podría verse obligado a registrarse dos o tres veces, en portales distintos, con nombres distintos para lo que en teoría es un solo registro.
Nadie sabe quién responde: propietario, administrador y anfitrión aparecen mezclados en el texto, sin que quede claro quién es, en definitiva, responsable ante MITUR por cada inmueble.
Al pequeño se le exige como al grande: no existe una categoría de «anfitrión ocasional»; quien alquila su propia vivienda de forma esporádica queda sujeto a las mismas cargas documentales que un operador con un portafolio comercial de decenas de unidades.
Un seguro que el mercado todavía no tiene: se exige una póliza de responsabilidad civil sin verificar si existe, hoy, un producto certificado y accesible para el pequeño anfitrión.
Para la seguridad jurídica del país
La puerta trasera del fisco: se exige un identificador de la DGII incluso a propiedades exentas del impuesto sobre la vivienda suntuaria, abriendo la puerta a que el registro turístico termine usándose como mecanismo indirecto de cobro tributario.
Zonas enteras fuera del sistema: exigir título de propiedad definitivo, sin excepción, dejaría fuera del registro formal a anfitriones de zonas turísticas como Samaná y Pedernales, donde numerosos inmuebles están en procesos activos de saneamiento o deslinde ante la Jurisdicción Inmobiliaria y aún no cuentan con un título depurado.
Doble sanción por el mismo hecho: el proyecto le da a MITUR la potestad de sancionar la publicidad engañosa, una competencia que ya ejerce Pro Consumidor, lo que abre la puerta a que un mismo anfitrión sea juzgado dos veces por lo mismo.
Datos de huéspedes y anfitriones sin candado claro: la información personal circularía entre MITUR, las plataformas digitales y la DGII sin que el texto defina garantías de consentimiento ni de uso de esos datos.
Una norma que se revisa sola: el proyecto prevé una revisión cada dos años sin abrir, en ese momento, un nuevo espacio de consulta con los sectores regulados.
La Matriz también plantea proteger las reservas ya contratadas antes de la entrada en vigor de las nuevas normas, para que ningún anfitrión ni huésped quede atrapado en un cambio de reglas a mitad de camino.
Un puente
El acercamiento no es nuevo. El pasado 20 de julio se sostuvo una conversación con la consultora jurídica de MITUR, Brenda Morales, en la que se abordó la conveniencia de habilitar una Mesa Técnica de Trabajo antes de la aprobación definitiva de las resoluciones.
A partir de ese intercambio, ADORECO le remitió posteriormente la Matriz de Riesgos y Análisis Jurídico. La instancia depositada el 31 de julio formaliza ese proceso: ADORECO pide que sus observaciones se incorporen al expediente administrativo, se evalúen antes de firmarse la norma, y se discutan en una Mesa Técnica Multisectorial con representantes del Estado, la academia, especialistas, gremios empresariales y plataformas tecnológicas.
“Nuestro análisis no cuestiona la necesidad de regular las rentas cortas. Todo lo contrario: demuestra que una regulación técnicamente mejor diseñada protege tanto el interés público como la seguridad jurídica de quienes desarrollan esta actividad.”
— Yajaira Y. Sosa, presidenta de ADORECO
El objetivo
Para ADORECO, el propósito de la Mesa Técnica no es dilatar el proceso, sino blindarlo: una resolución que no incorpore estas observaciones queda expuesta a ser impugnada tanto ante el Tribunal Constitucional como ante el Tribunal Superior Administrativo, y terminar anulada después de meses o años de aplicación. La Asociación insiste en que es preferible corregir el texto antes de firmarlo que litigarlo después.
ADORECO reitera su respaldo a una regulación moderna del sector de rentas cortas, ajustada a la realidad jurídica, geográfica y catastral del país, y reafirma su disposición a colaborar con las autoridades en la construcción de un marco equilibrado, proporcional y sostenible, con reglas claras para todos los actores del ecosistema: anfitriones, plataformas, operadores y turistas.