SANTO DOMINGO, República Dominjicana.- La modificación de Ley 225-20, General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana, aprobada de urgencia por el Senado, el pasado 7 de enero, es fundamental para la sostenibilidad económica del servicio de aseos urbano que gestionan los gobiernos locales.
Así lo considera Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), entidad que propugna por la modificación, debido a que no es posible que la normativa actual disponga de recursos los para los sitios de destinos finales, no así para la recolección, que en definitiva es lo que preocupa al ciudadano.
Señala que los munícipes quieren tener sus calles y barrios limpios, por lo que para dar sostenibilidad al servicio y el territorio nacional esté libre de residuos sólidos, urgen los recursos para la recolección.
En ese sentido, señala, la organización inició conversatorios en la región Higuamo que comprende San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata con miras a socializar el proyecto pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados.
Estima que los ciudadanos y las organizaciones comunitarias como juntas de vecinos y otras deben conocer el proyecto y dominarlo para que demanden su aprobación.
El experto en asuntos municipales deplora que algunos sectores rechacen la modificación de la Ley cuando es el gobierno central que dispondrá de 30 pesos por habitante para el servicio de recolección.
Explica que es una experiencia que conoce muy bien y que ha vivido en Puerto Rico a través de la Agencia de Desperdicios Sólidos, de donde esa agencia se financia el servicio.
Señala que en virtud de la modificación alcaldía como la del Distrito Nacional recibirían alrededor de RD$400 millones extra al año, o como la de San Pedro de Macorís ocho millones de pesos mensuales, es decir, RD$96 millones al año.
Estima que la iniciativa establece un fondo de donde han surgidos algunas discusiones, por lo que en la vista públicas que abriría la Cámara de Diputados deberán exponer sus puntos de vista.
Sostiene que en general la modificación de la Ley es una iniciativa país, por lo que todos los sectores deberán hacer sus sacrificios, por tanto, quien genere más residuos no debe ser tratado igual que quien genera menos.
Explica que el fondo de que dispone la Ley también es deducible de la renta bruta, es decir, no estaría gravado.
Indica que en el país hay sectores que venden RD$75 mil millones al año y son los que más generan desperdicios, sin embargo, se resisten aportar.
Pedro Richardson, explica que la iniciativa otorga una extensión del plazo para entrada en vigencia de tres años, ya que en cinco que lleva la Ley no se ha hecho nada, pero hay que hacer que quienes generan los plásticos hagan una contribución especial.