SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Organizaciones barriales, comunitarias, religiosas y otras de la sociedad civil del gran Santo Domingo respaldan intención del decreto 531-2025 que declara de alta prioridad nacional el saneamiento de los ríos Ozama e Isabela, pero que sean respetados los derechos a viviendas dignas de las familias a ser reubicadas.
En un documento de reflexión luego de recorrer las márgenes de los ríos, plantean que sean construidas viviendas dignas próximos a las zonas a ser intervenidas para las familias que llevan décadas en esos lugares, no para aquellos que ocuparon áreas luego del anuncio de recuperación por parte del Estado.
Entre las organizaciones se destacan: Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Red de Organizaciones del Barrio 27 de Febrero (Reocofe), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), la Junta de Desarrollo La Cuaba del Distrito Municipal La Cuaba y el Consejo de Desarrollo Comunitario La Caleta (Codecoc).
De igual modo, la Red Urbano Popular, Cooperativa de Producción Social de la Vivienda, Hábitat y Servicios Múltiples, Foro Interbarrial Permanente (Foinpe),entre otras redes sociales de la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Saludan la decisión del presidente Luis Abinader, al declarar la situación de los ríos Ozama e Isabela de “alta prioridad nacional” el saneamiento de las fuentes acuíferas, ya que desde hace décadas, han planteado esa realidad a los diferentes presidentes, desde Joaquín Balaguer hasta el actual Luis Abinader, para que accionaran en relación al daño ecológico producido por las aguas residuales vertidos de las industrias, empresas, hospitales y de miles de hogares asentados en cañadas y ribera de los ríos, pero los proyectos han fracasados.
Los líderes barriales Santo Carbajal, Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, José Mieses, Fabio Correa, Fiordaliza Guzmán, Socrates Peguero, Ynocencio Reyes y Elin Cuevas, entienden que el decreto 531-2025, viene a responder a las demandas de las organizaciones y la ciudadanía que merece un mejor hábitat para sus comunidades.
Pero que dicha situación se aborde sin violar los derechos adquiridos de miles de familias que se encuentran en la zona de incidencia de los citados ríos y que no sean desalojados del territorio que ocupan desde hace décadas.
Entienden que el decreto debió incluir a organizaciones barriales como veedores en la intervención a cargo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), ya que hasta ahora dicha entidad ha hecho sus trabajos sin la debida participación de la comunidad, de organizaciones barriales y las entidades no gubernamentales (ONGs) que poseen experiencias para ese tipo de trabajo.
Plantean que la responsabilidad de remozar, construir y readecuar las infraestructuras, dotaciones y vías existentes, así como desarrollar las que resulten necesarias, garantizando que las intervenciones respeten las condiciones sociales, culturales y patrimoniales de la zona, no sean desarrolladas bajo la práctica de desalojar a sus moradores sin garantías de viviendas dignas.
Advierten que tanto la URBE como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tienen que consensuar entre ellas y con las organizaciones, para evitar confrontaciones y violación de los derechos adquiridos por los pobladores de La Ciénaga, Gualey, 24 de Abril, Simón Bolívar, Las Cañitas, La Zurza y Capotillos, El Arrozal del Distrito Nacional.
De la parte Este de la Provincia Santo Domingo, están: Juan Pablo Duarte, Villa Duarte, Calero, Molino Nuevo, Oxígeno, Ensanche Ozama, El Dique I y II, Los Barrancones, Los Tres Brazos, Las Riberas del Ozama, Las Lilas, La Lata, Cerro del Ozama, Brisas del Ozama, La Vieja Barquita, Cachón de la Rubia, entre otros sectores.
Proyectos similares
Recuerdan que han sido varios los proyectos que han anunciados los pasados presidentes con organizaciones barriales de esta comunidades como el “Plan Cigua”, auspiciado por el Estado y organismos internacionales.
También el denominado “Plan Indicativo Zona Metropolitana auspiciado por el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau), los Fondos Europeo de Desarrollo (Onfed, Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare y el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (Parme) y que ningunos enfrentaron con criterios técnicos y recursos económicos necesarios para adecuar los ríos Ozama e Isabela para el bienestar de la población.
Señalan que ese proyecto contenía como acciones a realizar “la Regularización de la tenencia de la tierra, saneamiento físico-ambiental y desarrollo ecológico, reestructuración vial y regularización del tránsito, transporte terrestre, y acuático, energía y alumbrado público, capacitación laboral, salud y nutrición, deportes, mejoramiento y renovación habitacional, y prevención y mitigación de contingencias, sin que se cumplieran esos propósitos.
Decretos anteriores
Alexis Rafael Peña, director ejecutivo de la Codonbosco y Cepatode, recuerda al presidente Abinader, que 1991, el fallecido presidente Joaquín Balaguer, emitió un decreto 358-91, el cual estableció: “ Se declaran inhabitables o no apto para fines residenciales, por razones sanitarias, o de insalubridad, los denominados barrios La Ciénaga y Los Guandules, o sea, la zonas del Distrito Nacional comprendidas entre el puente Juan Pablo Duarte y el Puente Francisco del Rosario Sánchez, ahora Nuevo Domingo Savio, pero todo continuó igual.
Luego tres años más tarde, en 1994, Balaguer pronunció el decreto 76-94, donde planteó el “Plan de Acción Coordinada Interinstitucional para la Reestructuración Social, Urbana y Ecológica de los Barrios Marginados que Rodean los Ríos Ozama e Isabela que incluía además, La Zurza, Capotillo, Simón Bolívar, Gualey, La Ciénaga y Los Guandules.
En ese sentido, otra vez, instituciones del Estado, darían respuestas a los barrios carenciados por una mejor calidad de vida, todo ha sido promesas y promesas.
Recuerdan a las autoridades, que deben proponerse el cierre definitivo del vertedero de Duquesa, la gestión de residuos sólidos, educación ambiental a las organizaciones y comunidades aledañas e incluir otras afluentes de agua como los ríos Yaque del Norte, del Sur, Nizao u otros, en base un plan integral de la nación dominicana, concluyeron.