SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Coalición por una Seguridad Social Digna presentó este jueves un documento a la Cámara de Diputados en el que solicita la reforma integran de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) con la eliminación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de Fondos de Pensiones (AFP), debido a que no responde a las necesidades de la sociedad.
Por intermedio de los diputados Pedro Martínez y Llaniris Espinal, los principales dirigentes de la Coalición entregaron el documento por considerar que el SDSS no garantiza salud ni pensiones adecuadas a los dominicanos, por tanto, urge su modificación integral.
Afirma que el sistema creado por la Ley 87-01 fracasó en su propósito de lograr el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, enfermedad, incapacidad y vejez, como establece la Constitución de la República.
Precisa que los principios en que se basa la Ley no se han cumplido, y en vez de universalidad se tiene exclusión y parcialidad, en vez de integralidad y unidad fragmentación, prima la inequidad en el sistema y en vez de solidaridad se impone el interés particular sobre lo colectivo.
Señala que todos los sectores sensatos de la están contestes en que urge una reforma integral a la Ley 87-01 partiendo del reconocimiento de la seguridad social y la salud como derechos fundamentales y de la obligación del Estado de garantizar su protección.
Subraya que el modelo actual, por su enfoque privatizador, mercantiliza la salud y la seguridad social, reduce el rol estatal y prioriza la rentabilidad financiera, la ganancia de un sector minúsculo a costa de los derechos de la mayoría, de los trabajadores y de los pobres.
La propuesta de la Coalición por la Seguridad Social Digna se apoya en la Constitución dominicana y en tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y convenios de la OIT, que establecen la seguridad social y la salud como derechos universales y exigen al Estado dominicano asegurar su acceso y protección para toda la población, sin exclusiones.
El modelo vigente, controlado por las ARS y AFP, excluye a gran parte de la población, especialmente a quienes tienen empleos informales, principalmente a las mujeres y a los más jóvenes.
Esta seguridad social privatizada ha fracasado en otros países, generando desigualdad, baja cobertura y altos costos administrativos.
De manera específica
Estima que el sistema debe financiarse con aportes de trabajadores formales e informales, públicos y privados, de los municipios y agropecuarios, civiles y militares.
Así mismo los empleadores y el Estado son fundamentales en el financiamiento y están obligados a ello.
Expresa que todos los que por su labor reciben sueldos y salarios serán afiliados a la seguridad social y se eliminan topes salariales para las cotizaciones, ya que todos debemos aportar de forma solidaria para financiar la seguridad social.
Sugiere eliminar las AFP y crear el Instituto Dominicano de Pensiones público, autónomo y profesional, que otorgue pensiones justas, dignas y suficientes, basadas en el costo de la canasta familiar.
Esto significaría que los recursos que estas entidades se apropian sin aportar nada, constituirá un ahorro que engrosará los fondos de los afiliados.
La nueva ley permitiría ahorros complementarios voluntarios en entidades financieras, pero no de forma obligatoria como ocurre actualmente.
Considera que el sistema debe y puede garantizar pensiones de por vida, con beneficios definidos y suficientes, que nunca debe ser inferior al costo de la canasta familiar promedio, aplicable a jubilación, discapacidad y sobrevivencia.
Los fondos acumulados en cuentas individuales serán inembargables y de libre disposición, y las pensiones deben ajustarse al costo de la vida y la inflación.
Salud universal e integral
Plantea que el sistema de salud sea universal y cubra todas las necesidades de salud, eliminando cualquier plan básico o catálogo que limite el derecho a servicios de salud, medicamentos, procedimientos y estudios.
Se prohíbe la segmentación de la población por tipo de aseguramiento. El derecho a la salud no se pierde por jubilación o desempleo, por lo que todos los ciudadanos tendrán derecho a atenciones oportunas, integrales y de calidad.
Sin ARS
Propone la eliminación de las ARS y creación de un seguro nacional de salud que cubra todas las atenciones, servicios y medicamentos necesarios, sin límites de cobertura financiera y sin exclusiones por edad, sexo o condición.
Los recursos que actualmente se apropian serán invertidos preferencialmente en la atención de la población.
El sistema propuesto protegerá ante accidentes y enfermedades laborales, incluyendo prestaciones financieras, atenciones de salud, rehabilitación y provisión de ayudas técnicas para personas con lesiones y discapacidad fruto de enfermedades y accidentes de trabajo y profesionales.
Asimismo, garantizar protección especial a la maternidad, la infancia, personas con discapacidad motora y psicosocial, así como adultos mayores, asegurando igualdad de acceso y atención.
La seguridad social debe tener un enfoque de corrección de la discriminación por género, edad y cualquier condición excluyente.
Además, tomará en cuenta los niños sin cuidado parental y aquellos marginados dentro de sus familias debido al género, la discapacidad, la etnia, el estado de VIH/SIDA u otros marcadores de exclusión.
Gestión pública, transparente y participativa
La reforma propuesta plantea una administración pública, autónoma y profesional, con participación tripartita y ciudadana (Estado, empleadores, trabajadores) y mecanismos de control social y transparencia amplio y diverso.
Mientras se eliminan votos privilegiados y el poder de veto en los mecanismos colegiados de la seguridad social.
Advierte que el proceso de reforma debe ser gradual, garantizando los derechos adquiridos y la libre disposición de los fondos acumulados, con campañas de información y diálogo social.
La propuesta busca revertir la privatización y mercantilización de la seguridad social y la salud en RD, instaurando un sistema público, universal, solidario, basado en la justicia social, sin intermediarios financieros.
El documento está firmado por: Lic. Rosa Lina Núñez, Dr. José Selig Ripley Dr. Gregorio Moya E. Profesor Rafael Feliz, Lic. Francisca Peguero, Sr Fermín Rodríguez, Lic. Luis Holguín Lic. Luz Eneida Mejía y Lic. Francisco Tavárez