SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El derecho a la seguridad social debe dejar de ser una promesa limitada a sectores formales y convertirse en una garantía efectiva para todas las personas trabajadoras, sin importar su condición migratoria, territorial o laboral.
A esa conclusión llegaron las organizaciones sindicales de la República Dominicana Junto con el movimiento sindical y autónomo de Guatemala, y las organizaciones articuladas en la Red Internacional por el Derecho a la Protección Social -INSP!RD- reunidas en Santo Domingo en el marco del Foro Político Internacional y la misión técnica de intercambio sobre seguridad social.
Advierten que cualquier discusión que no coloque en el centro la ampliación real de la cobertura, la reducción de las desigualdades y la inclusión de quienes hoy están fuera del sistema, corre el riesgo de profundizar las brechas existentes.
La posición se expresa en momento en que en la nación dominicana debate la reforma del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).
El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) Eddy Olivares Ortega, expresó que a más formalidad del trabajo más fortaleza para el SDSS, por lo que afirma que el tema estará en el debate para que surja una buena reforma a la Ley 87-01 que rige en RD.
De su lado, Damaris Oliva, viceministra del Ministerio de Trabajo de Guatemala, manifestó que el gran reto de los sistemas de seguridad en América Latina es la inclusión de millones de trabajadores informales a estos sistemas, que en su país supera el 70%.
En los debates, se determinó que la seguridad social no puede seguir respondiendo únicamente a quienes ya están dentro; debe construirse desde quienes históricamente han sido excluidos.
William Charpantier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en RD (MENAMIRD) y coordinador político de la Red INSP!RD, afirmó que ningún trabajador puede quedar fuera de la SS, sin importar que sea migrante o cualquier otra movilidad humana.
Parte de los asistentes al Foro Político Internacional y la misión técnica de intercambio sobre seguridad social, en el hotel Barceló de Santo Domingo.
La informalidad
Subraya en cuanto a que una parte significativa de la población trabajadora permanece en condiciones de informalidad, 55% en RD y 70% en Guatemala, sin acceso efectivo a protección frente a enfermedad, maternidad, accidentes laborales, discapacidad, desempleo y vejez.
Esta situación afecta de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes, personas trabajadoras migrantes y en movilidad humana, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y, de forma particularmente crítica, a las trabajadoras del hogar, quienes continúan enfrentando barreras estructurales para el ejercicio pleno de sus derechos.
Esta exclusión no es accidental, precisa, sino el resultado de un modelo de desarrollo que ha reproducido desigualdades y segmentación en el acceso a la protección social.
Los trabajadores de la economía informal enfrentan diariamente altos niveles de exposición a riesgos laborales, psicosociales, violencia, acoso y condiciones inseguras de trabajo, muchas veces sin ningún tipo de cobertura ni atención.
Las mujeres jóvenes trabajadoras, especialmente aquellas vinculadas al comercio informal, al trabajo autónomo y muchas de ellas en condición de movilidad humana, sufren además múltiples formas de violencia y vulnerabilidad en sus espacios laborales.
Derecho humano fundamental
Señalan que la ausencia de protección frente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y afectaciones a la salud mental profundiza aún más las desigualdades existentes.
Frente a este escenario, reafirman que la seguridad social es un derecho humano fundamental, tal como lo establecen los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
Citan en particular, el Convenio 102 sobre la norma mínima de la seguridad social, la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social y la Recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a la formalidad constituyen marcos orientadores esenciales para avanzar hacia sistemas universales, solidarios y sostenibles.
Del mismo modo, destacan la importancia de los Convenios 155 y 187 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo, así como del Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, los cuales reafirman la obligación de los Estados de garantizar entornos laborales seguros, saludables y libres de violencia para todas las personas trabajadoras, incluyendo quienes laboran en condiciones de informalidad y movilidad humana.
Estos instrumentos internacionales, señalan, no pueden permanecer únicamente como compromisos formales, deben convertirse en políticas concretas que respondan a la realidad de millones de trabajadores y trabajadoras que hoy sostienen la economía desde la informalidad, pero permanecen excluidos de la protección social y de los mecanismos de prevención y atención frente a riesgos laborales.
Apunta que el movimiento sindical dominicano enfatiza en la defensa del carácter solidario de la seguridad social y en la necesidad de que cualquier reforma tenga como eje central la ampliación efectiva de derechos.
Las centrales sindicales CNUS, CNTD y CASC han sostenido de manera consistente que no es posible hablar de modernización del sistema mientras más de la mitad de la población trabajadora continúe fuera de la cobertura efectiva.
El foro reafirma esa posición y la fortalece desde una perspectiva regional, incorporando el intercambio desarrollado con organizaciones sindicales y sociales de Guatemala interesadas en conocer experiencias y construir alternativas para avanzar hacia modelos más inclusivos de protección social.
Transformación estructural
Las discusiones desarrolladas en este espacio han puesto en evidencia que la transición de la informalidad a la formalidad no puede limitarse a incentivos económicos o ajustes administrativos.
Se trata de una transformación estructural que requiere voluntad política, diálogo social efectivo, fortalecimiento institucional y reconocimiento pleno de las diversas formas de trabajo.
En este proceso, estima, el diálogo social debe avanzar hacia mecanismos verdaderamente vinculantes, donde las organizaciones sindicales y sociales puedan incidir de manera real en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Acuerdos colectivos
Asimismo, destacan que la negociación colectiva y los acuerdos laborales representan herramientas concretas para ampliar la seguridad social y fortalecer la protección de sectores históricamente excluidos.
El fortalecimiento de estas herramientas, junto con la articulación con movimientos sociales, organizaciones de mujeres, juventudes y redes regionales, constituye una vía fundamental para avanzar hacia sistemas más democráticos y universales.
Exhortan al Estado dominicano, al Congreso Nacional y a las instituciones responsables del SDSS, a que el proceso de reforma actualmente en discusión incorpore medidas concretas que garanticen la inclusión efectiva de trabajadores y trabajadoras en condiciones de informalidad.
Consideran indispensable desarrollar mecanismos adaptados para trabajadores independientes, trabajadoras migrantes y en movilidad humana, ampliar la cobertura frente a riesgos laborales y asegurar el acceso pleno y sostenible de las trabajadoras del hogar a la seguridad social.
Ninguna persona trabajadora debe quedar excluida de la seguridad social por su condición migratoria, territorial o laboral.
Asimismo, instan a fortalecer las políticas públicas en materia de salud y seguridad en el trabajo, incorporando de manera prioritaria la atención de los riesgos psicosociales, la prevención de accidentes laborales, la protección frente a agentes biológicos y químicos y la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, especialmente en los sectores más precarizados.
Reconocen también el papel estratégico de los movimientos sociales, de los espacios académicos críticos, de la cooperación internacional y de aliados comprometidos con la justicia social, en la construcción de propuestas y en el acompañamiento de estos procesos.
La articulación entre estos actores es fundamental para avanzar hacia sistemas de seguridad social verdaderamente inclusivos.
“Reiteramos que no habrá desarrollo sostenible ni cohesión social mientras millones de personas trabajadoras permanezcan excluidas de la protección social y expuestas diariamente a condiciones laborales inseguras y precarias”, exponen.
La seguridad social, la salud y la protección frente a los riesgos laborales deben convertirse en pilares fundamentales de un nuevo contrato social basado en la equidad, la solidaridad y el respeto pleno de los derechos humanos.
Como organizaciones sindicales y sociales, reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando este proceso, fortaleciendo la articulación regional y ejerciendo la incidencia necesaria para que la seguridad social deje de ser un privilegio y se convierta en una realidad para todas y todos.