SANTO DOMINGO, RD.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, alerta sobre el riesgo de que el Tribunal Constitucional (TC) termine asumiendo roles que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.
A propósito del debate sobre el nuevo Código Penal y la configuración de los tipos penales y el depósito de recursos de revisión de inconstitucionalidad hecho por algunos sectores, FINJUS recuerda que la alta corte “no se puede convertir en un constituyente” ni está facultada para legislar, por tanto, no puede dictarle al Congreso Nacional cómo estructurar los delitos.
“El Tribunal Constitucional no va a poder decirle al Congreso cómo es que debería configurar el delito que declararía inconstitucional”, dijo Castaños Guzmán.
Castaños Guzmán reconoce que si bien la modalidad del crimen ha cambiado y existe una necesidad real de modificar la normativa penal, el verdadero debate radica en que la actual configuración de ciertos delitos generará “inconvenientes” en el sistema.
Asimismo, rechazó los argumentos de que el tema se dejó para último momento por negligencia de los sectores jurídicos.
Recuerda que desde agosto de 2024, y en meses posteriores, se formularon propuestas que, aseguró, no fueron atendidas.
“Parece que el Congreso y los poderes del Estado, yo lo entiendo, pudieron haber estado en otra cosa…, algo, probablemente preocupó más, y nos hemos encontrado con esta realidad”, dijo Castaños Guzmán.
El vocero de la FINJUS también alertó sobre la existencia de un recurso de inconstitucionalidad depositado en el Constitucional, el cual dijo, “podría dejar completamente anulado” el nuevo Código.
Castaños Guzmán se refiere al recurso depositado por los juristas Dangela Ramírez Guzmán, Ivanna Molina Peña y Pedro J. Castellanos Hernández por alegados errores en la técnica legislativa para su aprobación.
Asimismo, informó que la FINJUS analizará con serenidad la reciente iniciativa de modificación sometida por el Poder Ejecutivo, aclarando que dicho proyecto no nació de la Consultoría Jurídica, sino directamente del Ministerio de Justicia.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso busca reformar parcialmente la Ley número 74-25, antes de que termine el “vacatio legis” el 3 de agosto del año en curso.
Se trata de 18 artículos que han sido objeto de fuertes críticas y que el Jefe del Estado entiende que debieron ser consultados a fondo con los sectores de la sociedad civil, la prensa y la comunidad jurídica que han lo han cuestionado acremente.
Las principales enmiendas propuestas buscan salvaguardar libertades constitucionales básicas y corregir contradicciones técnicas de la norma penal aprobada.
Entre ellas, la libertad de Expresión y prensa (artículos sobre Ultraje y Pejurio); los artículos 303 sobre ultraje a autoridades públicas; 312, sobre Perjurio y Declaraciones Falsas; 142, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar; 170/173, sobre Discriminación y Excepciones Religiosas; y 214, sobre Transparencia y Delitos de Corrupción.
También se propone modificar los artículos 49 y 68 relativos Concurso e Infracciones y Acumulación de Penas.
Las propuestas del Poder Judicial incluye correcciones en la redacción de esos dos artículos que regulan cómo se suman las penas cuando una persona comete múltiples delitos, porque en el texto del ambos articulados “chocaban entre sí”, y armonizar las penas (que llegan a un tope de 60 años) con los principios de proporcionalidad.