SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A pesar de intensas jornadas de trabajo en las últimas horas con sesiones de la Cámara de Diputado s(CD) de hasta 13 horas corridas, concluye la primera legislatura ordinaria sin la aprobación de los controversiales proyectos de Ley de Códigos Penal de la República Dominicana y el de Trabajo.
El proyecto de Código Penal quedó sobre la mesa para la legislatura extraordinaria convocada ayer por el Poder Ejecutivo a sugerencia del presidente de la CD, Alfredo Pacheco, mientras el de Trabajo perimió, por tanto, habría que esperar una próxima legislatura para ser introducido de nuevo.
Esta tarde, el presidente Abinader emitió el Decreto núm. 409-25, mediante el cual convoca al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que se reúnan, de manera respectiva, en legislatura extraordinaria durante el período comprendido entre el 27 de julio de 2025 y el 5 de agosto de 2025, con el propósito de conocer los proyectos de ley pendientes, así como cualquier otro que le someta el presidente de la República o que sea introducido por iniciativa propia del Congreso Nacional o de otro órgano constitucional dotado de iniciativa legislativa.
El presidente de la CD, Alfredo Pacheco, informó que la comisión coordinadora de comisiones decidió que el Código de Trabajo fuera dejado para revisar los acuerdos tripartidos a que se llegó con miras a reintroducirlo en la próxima legislatura ordinaria que inicia el 16 de agosto próximo.
El Penal
Luego que la CD recibiera del Senado el miércoles el Código Penal, lo conoció en primera lectura, donde fue leído íntegramente, pero no pudo ser conocido en segunda tras descubrirse serios errores que no fueron observados por el Senado sobre violaciones a derechos ciudadanos por parte de autoridades y otros.
Pacheco consideró en la sesión que era imposible conocer el CP ayer en las condiciones en que se encontraba la pieza y que la operación en la que había que someterlo era profunda, por lo que lo recomendable era aplazarlo para continuar su observación.
Para tales fines, se escogió una comisión de diputados y senadores para una revisión completa de la pieza conjuntamente con técnicos de la Procuraduría General de la República (PGR) y otros asesores.
Entre los diputados figuran; Wandy Batista, presidente de la Comisión de Justicia de la CD, Eugenio Cedeño, Carlos De Pérez, Mayobanex Martínez, Carolin Mercedes y, Sandro Sánchez.
Todavía a mitad de la sesión la comisión se encontraba trabajando junto a la PGR, donde llevaban más de 100 artículos del proyecto revisado.
El diputado por la Romana, Eugenio Cedeño, reveló que de acuerdo a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, desde el punto de vista material no era posible aprobar el Código Penal en la presente legislatura.
Explicó que lo importante es que la pieza no perime, y el presidente de la República apeló a su facultad de convocar a legislatura extraordinaria, hasta el próximo día 5 de agosto.
Afirmó que los aportes de la PGR al proyecto de CP han sido sustanciales, por lo que al final saldrá una normativa lo mejor posible para el país.
Informó que la comisión de diputados abogados y los técnicos de la PGR encuentran errores y omisiones que se escaparon al Senado antes de aprobar el proyecto, y que ameritan se preste la mayor atención y sean incorporados a la pieza.
Adelantó que con lo que no están de acuerdo es que sean sacados del Código aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, las garantías ciudadanas, abusos de la autoridad contra particulares, el derecho a una llamada de los detenidos, entre otros aspecto sacados de la pieza por el Senado.
De igual modo, la eliminación del artículo 190 sobre garantías al ejercicio ciudadano que se ha querido eliminar, como el derecho a las libertades de expresión, de cultos, al tránsito, al trabajo, los que tienen que ser reincorporados a la pieza, porque fueron retirados por el Senado.
Defendió el derecho de los ciudadanos a transitar sin temor a los abusos de las autoridades contenido en el artículo 300, el que se castiga con penas de uno a dos años el abuso de la autoridad contra particulares.
Advirtió que no es verdad que RD podrá vivir bajo un estado policial, tras recordar que este es un Estado democrático, social y de derechos, conquista de la Constitución de 2010 que tienen que permanecer.
“Si se eliminan esos artículos, República Dominicana caería entonces en una especia de Estado Policial, y esas garantías no son para los delincuentes, las garantías que tienen los artículos 290, 297 y 300, no son garantía para la delincuencia y la criminalidad, como han querido darle ese matiz, mentiras, son para los ciudadanos serios”, advirtió.