SANTO DOMINGO, RD.- La Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo, debe ser cerrado de manera definitiva y declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional, tras comprobarse que las cárceles del país constituye un peligro público, no solamente para los privados de libertad sino para la seguridad de los que están fuera.
Así lo consideró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, luego de recorrer la zona donde el pasado lunes se produjo un incendio que destruyó un área completa, por lo que no sabe todavía la cifra real de los muertos.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de de los Derechos Humanos (CNDH) Manuel María Mercedes estima que pasan de 100 los fallecidos en el penal con más de 400 afectados al calcular que en los pabellones calcinados habían 600 reos, aunque las autoridades solo citan 15 muertos con cuatro que fueron encontrados ayer.
Mientras familiares que no saben sobre la situación de sus parientes privados de libertad siguen acudiendo desesperados al penal en busca de informaciones precisas, para los que la Dirección General de Prisiones instaló carpas para asistirlos.
FOTO: Así quedó el área incendiada en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, donde habían 600 reos.
El diputados, Rodríguez Restituyó, informó que tomaría un turno en la cámara baja para plantear la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario nacional y del cierre de la cárcel de La Victoria y que sea habilitada la cárcel de Las Parras, en el municipio de Guerra.
Señaló que según el gobierno para habilitar la cárcel de Las Parras se necesitan RD$1,600 millones, debido a que el edificio no cuenta con sistema eléctrico ni de agua, por lo que no estaría en condiciones de albergar a los reclusos de La Victoria de manera urgente.
Solicitaría al Congreso Nacional que libere fondos al Poder Ejecutivo, si es necesario, para que resuelva el problema del sistema penitenciario.
FOTO: Familiares de privados de libertad en cárcel de la Victoria, en procura de informaciones sobre sus parientes; algunos aparecen en la lista que presentan las lautoridades.
Inseguridad de fuera
Afirmó que en la Penitenciaría La Victoria se vende drogas, se lava dinero, se organizan secuestros, sicariatos, extorsiones, se producen muchos niveles de corrupción y se mandan a ejecutar asesinatos.
Sostuvo que las autoridades del recinto carcelario le informaron que fueron encontrados otros cuatro cadáveres de privados de libertad, sumándose a 15 la cantidad de fallecidos producto del siniestro, según los datos oficiales.
Asimismo, manifestó que un total de 80 envejecientes necesitan medicamentos de emergencia como inhalador y ayuda sicológica a los familiares.
Deploró que 399 privados de libertad fueron trasladados a la cárcel de El Pinito de La Vega y Vista al Valle de San Francisco de Macorís, prácticamente sin ropa, por lo que fueron los prisioneros de esas cárceles quienes recolectaron prendas de vestir para los allegados.
De su lado, el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, estima que los fallecidos pasan de cien si se toma en cuenta que en el área incendiada habían 600 reos, que la mayoría no pudo escapar porque las puertas estaban cerradas.
Solicita a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) mostrar la lista a los familiares con los nombres de los 600 reos que estaban en la zona del siniestro donde expliquen hacia donde fueron trasladados, si siguen en La Victoria, en La Vega o San Francisco de Macorís.
FOTO: Carpa colocada en el patio de la penitenciaría de La Victoria por parte de la Dirección General de Prisiones para ofrecer información a los familiares de reos, tras el incendio.
Profundizar investigación
Mercedes solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), realizar una investigación profunda por el incendio ocurrido ayer lunes en la cárcel de La victoria, que cobró la vida de más de 12 privados de libertad.
“Estamos solicitando desde ya, que se ordene a la Procuraduría General de la República una profunda investigación donde ellos no sean juez y parte, ya que las investigaciones que se realizan aquí son a medias, es decir, ellos mismos cometen el hecho y ellos mismos se investigan”, expresó Manuel Mercedes.
Consideró que el siniestro no ocurrió por un cortocircuito, como han informado las autoridades, sino por “manos intencionadas” según las informaciones preliminares que recabó en el penal.
“Eso va mucho más allá y si no lo dicen las autoridades, nosotros como Derechos Humanos se lo diremos a los familiares para que pongan sus quejas y pondremos en disposición a los abogados” puntualizó Mercedes.
Señaló que las pruebas obtenidas por la CNDH indican que la tragedia se produjo por el control de los negocios, traslados y la inconformidad que tenían los reclusos de las celdas tres y cuatro por las medidas adoptadas en recinto por las autoridades del penal, entre otras informaciones que revelarán más adelante.
El protocolo
La DGSPC estableció un protocolo de atención para dar respuesta y apoyo a las familias de los privados de libertad afectados con el incendio ocurrido en la cárcel de La Victoria.
«El protocolo establece que se trabajará las emociones, a los fines de dar apoyo, para que se sientan acompañados por la institución», indicó.
Ayer inició el proceso realizando un acercamiento, para lo que destinó un área de recepción, en la cual los parientes de los presos esperan para ser atendidos e informados sobre la situación de salud de sus parientes.
Empleados de la Dirección de Prisiones daban informaciones a los familiares de los que resultaron heridos y los privados de libertad de que fueron trasladados a La Vega y San Francisco de Macorís. En la puerta principal del penal se instalaron varias mesas con sillas, donde los familiares de los internos recibían las orientaciones de lugar.