SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Unidos por la Neurodiversidad (UNEU) denunció que la Ley 34-23 de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista (TEA) se encuentra estancada ante la falta de financiamiento y voluntad política.
Su presidenta, Maxi Feliz, indicó que su implementación sigue siendo una promesa incumplida debido a la escasez de profesionales capacitados en educación y salud, así como la ausencia de fiscalización efectiva de las medidas establecidas.
“En República Dominicana los avances han sido limitados y en muchos casos insuficientes. Por ejemplo, otro punto que tiene que ser atendido por las autoridades, es la desigualdad en el acceso a terapias y atención médica especializada”, puntualizó.
Maxi Feliz Hizo un llamado a todos los sectores, a sumarse al equipo de la fundación UNEU con el objetivo de hacer de esta lucha una causa país, porque la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por la Neurodiversidad no son compromisos de algunos, sino una responsabilidad de todos.
“Esta lucha que llevamos a cabo a través de esta fundación por la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas con autismo no es una opción, es una necesidad que todos debemos reclamar y luchar por ella”, señaló.
La presidenta de UNEU propuso una serie deacciones concretas para garantizar la inclusión real de las personas con autismo en el país, entre las cuales cabe destacar, la creación de un Consejo Nacional para la protección de los derechos de las personascon TEA, establecimiento de un Ministerio de Educación Especialpara promover la inclusión obligatoria en escuelas, así como la instalación de centros especializados en diagnóstico y orientación en distintas regiones del país.
Además, subsidio estatalpara garantizar acceso gratuito a diagnósticos y terapias esenciales, implementación de tecnologías y plataformas digitalesque permitan la conexión entre centros de salud y especialistas, otorgamiento de becas internacionales para la formación de profesionales en el tratamiento del TEA y la inclusión obligatoria de terapias en el sistema de seguridad social, cubiertas por los seguros médicos.