SANTO DOMINGO, RD.- La Red Socioambiental Nacional de República destaca la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de declarar la nulidad del contrato entre el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la empresa estatal israelí Mekorot. Esta decisión, firmada el 14 de agosto de 2023, que pone fin a un contrato valorado en $2,006,000 dólares que estaba previsto para entrar en vigencia el 15 de agosto de 2023 y durar 18 meses.
«Hoy nos dirigimos a ustedes con un mensaje de suma importancia y preocupación, un mensaje que refleja nuestro compromiso con la transparencia y la defensa de nuestra soberanía hídrica», expresa la organización mediante un comunicado.
Señala que desde la Red Socioambiental Nacional, han sido una voz crítica y vigilante de este contrato, denunciando irregularidades y la falta de cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
La copia electrónica del documento de nulidad, recibida de la DGCP el pasado 5 de junio, fue hecha pública con el fin de mantener la transparencia del proceso y permitir a la ciudadanía comprender las razones detrás de esta decisión.
Detalles del Contrato Anulado, Soberanía Hídrica y Capacidad Técnica Local
El contrato con Mekorot incluía servicios como el estudio de la situación actual del sector agua, la evaluación del potencial de los recursos hídricos, proyecciones de demanda de agua, análisis de planes alternativos de abastecimiento y recomendaciones para un Plan Maestro de Gestión del Agua. Con este contrato, el gobierno de turno, estaba decidido innecesariamente a aumentar la deuda externa, a poner en riesgo nuestra soberanía hídrica, a ignorar la experiencia técnica de INAPA y a menospreciar la capacidad de nuestros profesionales locales en temas hídricos.
Desde la Red queremos recalcar que en República Dominicana contamos con profesionales y técnicos altamente capacitados para llevar a cabo estos estudios y análisis. La utilización de recursos humanos locales no solo fortalece nuestra soberanía hídrica, sino que también optimiza nuestros recursos y apoya, en forma directa, nuestra economía nacional, garantizando decisiones informadas y adecuadas al contexto local, evitando el uso de tecnología extranjera inapropiada, desarrollada para ser aplicada en terrenos áridos con muy bajo índice de lluvia y con limitadísimas fuentes fluviales o subterráneas. El contrato INAPA-Mekorot abría las puertas a la dependencia de entidades extranjeras y a posibles conflictos de interés.
Reflexiones y Llamado a la Acción
La anulación del contrato INAPA-Mekorot representa un triunfo para la transparencia y la legalidad, no obstante, nos preocupa que la DGCP haya esperado hasta después de las elecciones para hacer pública esta decisión, lo que ha generado suspicacias sobre la transparencia y las motivaciones políticas detrás del retraso. Por otra parte, se hace más necesaria una vigilancia ciudadana constante para asumir los desafíos de insistir y persistir en una gestión pública y responsable de nuestros recursos hídricos, como establece nuestra Constitución, no debemos permitir que nuestro patrimonio hídrico sea privatizados o gestionado por otro actor distinto del Estado, recordando que el agua es un Derecho Humano a garantizar y que a su vez es origen de otros derechos.
La ya conocida actitud intervencionista del Banco Mundial empujando a la privatización del agua, como ya hiciera en otros países, la muy cuestionable Ley de Alianzas Público-Privada, las anunciadas Reforma de la Constitución y Reforma fiscal, son preocupaciones adicionales, ya que, si no lo evitamos, pueden abrir la puerta a la privatización de nuestros recursos hídricos.
Es vital que, como ciudadanía y organizaciones ambientales y sociales, nos mantengamos alerta y exijamos transparencia y legalidad en la gestión de nuestros recursos naturales.
Es por todo lo anterior que hoy llamamos a toda la población a mantenerse alerta y a participar activamente en la defensa de nuestros recursos hídricos. Solo a través de la exigencia de transparencia y la protección ciudadana podemos asegurar una gestión garante y sostenible del agua, esencial para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.