SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana respalda públicamente el anteproyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias desplazadas y establecer mecanismos efectivos de protección contra los desalojos forzosos.
Al tiempo solicita al presidente Luis Abinader decretar una moratoria a todos los procesos de desalojos en curso hasta que el proyecto de ley sea aprobado e implementado, ya que permitiría salvaguardar a las familias vulnerables mientras se establecen los mecanismos adecuados para su protección.
Mediante un comunicado expresa su más profunda solidaridad con las familias desalojadas en todo el país y su firme apoyo a las organizaciones que las respaldan como la Red Urbana Popular, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Ciudad Alternativa, y Organizaciones de Derechos Humanos que han estado en la batalla para proteger el derecho a una vivienda digna, en una creciente crisis de desalojos forzosos en el país.
En el comunicado, exigen además, que el proyecto de ley incluya un mandato para que el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, desarrolle programas específicos de viviendas sociales para los desalojados, priorizando soluciones sostenibles y ecológicas que beneficien a los afectados y al medio ambiente.
Este esfuerzo legislativo, precisa, representa una oportunidad histórica para resolver un problema que afecta a miles de familias dominicanas, especialmente a las más vulnerables.
Señala que el derecho a una vivienda digna no es solo un principio constitucional, sino un derecho humano fundamental que debe ser protegido y defendido en todos los niveles del gobierno.
Reconoce los méritos del proyecto de ley porque propone reglas claras y equitativas para los desalojos, priorizando la protección de las comunidades establecidas y las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, considera que se pueden introducir mejoras para asegurar que esta ley cumpla plenamente con su propósito de proteger a los desalojados y prevenir futuras crisis.
Sugerencias
Sugiere al presidente Luis Abinader moratoria a los desalojos mediante un decreto que establezca una moratoria a todos los procesos de desalojos en curso hasta que el proyecto de ley sea aprobado e implementado.
Esta moratoria permitirá salvaguardar a las familias vulnerables mientras se establecen los mecanismos adecuados para su protección.
Que el proyecto de ley incluya un mandato para que el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, desarrolle programas específicos de vivienda social para las personas desalojadas, priorizando soluciones sostenibles y ecológicas que beneficien tanto a las personas afectadas como al medio ambiente.
Asimismo, que el proyecto de ley incorpore mecanismos formales de consulta y participación comunitaria en cualquier plan de desalojo, tras considerar que las decisiones sobre los desalojos no deben tomarse sin la participación activa de las personas afectadas, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas.
Propone que el Estado garantice compensaciones justas a las familias desalojadas y asegure que el reasentamiento se realice en condiciones que promuevan el desarrollo social y económico de las comunidades afectadas.
El proyecto de ley debe garantizar que estas soluciones habitacionales alternativas no solo sean temporales, sino que contribuyan al bienestar a largo plazo de las personas.
Sugiere la creación de zonas de protección en áreas rurales y urbanas vulnerables, donde los desalojos estarían restringidos para preservar tanto los derechos humanos como los recursos ambientales.
Estas zonas deben ser protegidas de la especulación inmobiliaria y los intereses corporativos que despojan a las comunidades de sus tierras.
Propone también, la implementación de un impuesto progresivo sobre propiedades vacías o subutilizadas, cuyos fondos se destinen a la construcción de viviendas para las personas desplazadas.
Este enfoque, asegura, no solo ayudaría a reducir el déficit habitacional, sino que también promovería una distribución más equitativa de los recursos.
De igual modo, que sean incluido en el proyecto de ley una disposición para capacitar a jueces, fiscales y funcionarios en los derechos humanos y medioambientales relacionados con los desalojos.
Estima que esto aseguraría que las decisiones judiciales estén en consonancia con los principios fundamentales de justicia social y sostenibilidad.
Desde la Red exhorta al Senado de la República para que tome en cuenta las sugerencias de las comunidades y las organizaciones que han trabajado arduamente en la defensa de los derechos de las personas desalojadas.
Estima fundamental que la nueva legislación refleje las necesidades y aspiraciones de los más afectados y no se limite a beneficiar a intereses privados.
Asimismo, exhorta al presidente Luis Abinader a que, en ejercicio de su poder ejecutivo, apoye activamente estas reformas y garantice que la RD avance hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todos y todas.
Reafirma su compromiso con la lucha por la justicia social y la defensa del medio ambiente, al tiempo que se solidariza con las familias desalojadas y con todas las organizaciones que han dedicado sus esfuerzos a proteger los derechos fundamentales de estas personas.
Juntos, podemos construir un futuro más justo, donde el derecho a una vivienda digna sea garantizado para todos los dominicanos.