SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valora como altamente relevantes los llamados de la )Iglesia Católica dominicana a enfrentar la corrupción, el fortalecimiento del sistema de justicia, la promoción de la transparencia y la priorización de programas para erradicar la violencia y la criminalidad, en los cuales coinciden importantes sectores sociales.

En un comunicado FINJUS destaca la visión de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) sobre la percepción socialmente compartida de que la corrupción es un cáncer social que genera muerte, exclusión y desigualdad.

En su Carta Pastoral con motivo del Día de Nuestra Señora de La Altagracia, los obispos calificanla corrupción como una «tumba», que niega medicinas a los enfermos y causa sufrimiento innecesario vinculándola a una ruptura de las relaciones bautismales con Dios y los hermanos.

Finjus resalta el llamado de los obispos a una renuncia colectiva a esta maldad, exigiendo sanciones ejemplares «sin privilegios para nadie» y priorizando el bien común sobre intereses particulares, ya que agrava la pobreza y erosiona la confianza en las instituciones.

La entidad de la sociedad civil coincide plenamente en este aspecto y enfatiza la oportunidad que se abre al país con la adopción del nuevo Código Penal (Ley 74-25) como una herramienta esencial para combatir las nuevas modalidades delictivas, desde una perspectiva integral, que tome en cuenta tanto la dimensión moral, como lo hace la Carta, y la dimensión legal, a través de mecanismos de rendición de cuentas.

Ambos enfoques, señala, coinciden en la necesidad de una renovación interior que inspire acciones éticas, complementada por reformas institucionales que garanticen sanciones proporcionales al daño, dando lugar a una sinergia social que repudia la impunidad y que llama a las instituciones clave del sistema de justicia a actuar sin contemplaciones.

Considera que lo anterior no puede quedarse en el plano de lo deseable, sino que debe ser el punto  de partida de programas educativos y preventivos que fomenten una cultura de integridad, haciendo que confluyan la sinodalidad eclesial, que plantea la Carta Pastoral, con la planificación estratégica del Estado.

De la Carta pastoral FINJUS resalta su llamado implícito al fortalecimiento de la independencia de la justicia, que en la actualidad solo puede alcanzarse mediante una justicia inclusiva e imparcial.

Este objetivo, precisa, es el que legitima y da valor a los avances registrados en la transformación digital en curso en el sistema de administración de justicia y los programas de asistencia de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.

Indica que la transparencia emerge como un hilo conductor de la Carta Pastoral a la que define como honestidad bautismal, o sea la rendición de cuentas.

La Carta urge a «brillar por seriedad y honestidad» (página 11), renunciando a opacidades que rompen la comunión.

“En este aspecto hemos hecho un llamado a emular a las instituciones que realizan auditorías continuas de su gestión y ponen en manos de la sociedad informaciones veraces y ajustadas a la realidad que permitan a los ciudadanos ser compromisarios de los avances del Estado”, expresa.

Advierte que esto es crucial en las instituciones del sistema de justicia, lo que puede expresarse en Observatorios con datos accesibles, como el que impulsa el Poder Judicial y las reformas clave en la normativa y regulaciones relativas a las contrataciones públicas.

Resalta la importancia que la Carta Pastoral atribuye a la superación del clima de inseguridad presente en múltiples áreas, y dice que “la Iglesia llora por las muertes que produce la violencia intrafamiliar; las muertes por la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

De igual modo, las muertes de tantos jóvenes involucrados en el crimen y las drogas; las muertes en los accidentes de tránsito, por la imprudencia y el irrespeto de la ley; las muertes de tantos enfermos cuya medicina les fue negada por las manos manchadas por la corrupción.

Este cuadro debe conducirnos a priorizar la erradicación de la violencia — intrafamiliar, organizada— mediante la prevención y la reinserción, reforzando los compromisos familiares y la  convivencia sana, con lo que nos identificamos.

Estima que la Carta Pastoral es un documento valiente que debe ser ponderado y asumido por los sectores sociales más  comprometidos con los valores de la democracia, viéndolo como una hoja de ruta hacia la construcción de una justicia más fortalecida y una paz basada en el respeto, la tolerancia y la inclusión.