Pepillo Salcedo, Montecristi, RD-. El Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del Municipio Pepillo Salcedo afirmó que el avance del caso Manzanillo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación —MICI— del Grupo BID constituye un precedente nacional con proyección latinoamericana, al tratarse del primer reclamo comunitario dominicano identificado públicamente que alcanza la Fase de Consulta dentro de ese mecanismo independiente de rendición de cuentas.
Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, destacó que este paso institucional no representa una decisión final sobre daños, responsabilidades o incumplimientos, sino la apertura formal de un espacio donde las comunidades de Manzanillo, Copey y Carbonera podrán presentar sus preocupaciones, documentar sus alegaciones y procurar soluciones proporcionales frente a los posibles impactos acumulativos asociados al proyecto Manzanillo Bay Energy.
Según el colectivo comunitario, el expediente MICI-CII-DR-2026-0266 marca un hito para República Dominicana porque demuestra que comunidades organizadas desde su propio territorio pueden utilizar los mecanismos multilaterales de rendición de cuentas para exigir participación, reconocimiento, diálogo formal y respuestas institucionales frente a grandes proyectos financiados por organismos internacionales.
El Consejo subrayó que este avance debe comunicarse con responsabilidad, sin presentarlo como una victoria final ni como una decisión de fondo del MICI. Indicó que se trata de una puerta institucional abierta para el diálogo, la documentación de preocupaciones y la búsqueda de soluciones posibles dentro de un proceso formal, voluntario e imparcial.
Valenzuela explicó que la importancia del caso radica en que surge de una articulación territorial propia, construida desde las comunidades directamente vinculadas al municipio Pepillo Salcedo. Señaló que el reclamo no nace de una demanda individual ni de una estructura externa al territorio, sino de una agenda común impulsada por organizaciones comunitarias, productivas, sociales, religiosas, educativas, institucionales y territoriales.
El Consejo indicó que Manzanillo Bay Energy es un proyecto de infraestructura energética ubicado en la Bahía de Manzanillo, municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi, con participación financiera de BID Invest por US$200 millones. El consorcio desarrollador aparece identificado como Manzanillo Gas & Power, integrado por Haina Investment Company —HIC—, Shell Gas & Power Development —Shell— y Energía de las Américas —ENERLA—.
La fotografía muestra el área donde se construye Manzanillo Bay Energy, sobre un territorio previamente cubierto por 565,000 m² de bosque seco subtropical desmontados sin estudio de impacto ambiental. Se trata de una alteración de gran escala en una zona ecológicamente sensible de Manzanillo, con implicaciones directas para el equilibrio ambiental del territorio
El proyecto contempla dos plantas de ciclo combinado de aproximadamente 430 megavatios cada una, para un total de 860 megavatios, además de infraestructuras asociadas para su operación energética. Según el Consejo, por la escala territorial de la iniciativa, las comunidades han planteado la necesidad de que los posibles impactos ambientales, sociales, productivos y comunitarios sean discutidos con seriedad dentro del marco institucional correspondiente.
De acuerdo con Valenzuela, las comunidades no están planteando una oposición ciega al desarrollo energético, sino una demanda legítima para que el desarrollo reconozca las preocupaciones territoriales, respete los medios de vida y genere respuestas concretas. En ese sentido, el Consejo sostiene que los proyectos que transforman la vida económica, ambiental y social de Pepillo Salcedo deben contribuir también a fortalecer servicios básicos, proteger ecosistemas y atender las afectaciones alegadas.
El colectivo comunitario señaló que entre las principales preocupaciones presentadas se encuentran los posibles impactos sobre el circuito Ramsar, Playa Estero Balsa, humedales, lagunas y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa. También fueron planteadas posibles afectaciones a la pesca artesanal, la apicultura, el ecoturismo, la producción ovino-caprina, la cangrejería, la recolección de escoba, el comercio local y otras actividades tradicionales vinculadas históricamente al territorio de Manzanillo, Copey y Carbonera.
Valenzuela precisó que la Fase de Consulta del MICI permite abrir un proceso voluntario, imparcial y formal de diálogo entre las partes, en el cual podrán discutirse preocupaciones y posibles soluciones. Aclaró que el MICI no adjudica indemnizaciones, no sustituye las competencias de las autoridades nacionales y no constituye una instancia judicial, pero sí puede facilitar un espacio institucional donde se coloquen sobre la mesa medidas correctivas, restaurativas, verificables y proporcionales dentro del marco del diálogo.
El Consejo explicó que sus solicitudes de resarcimiento integral, restauración ecológica, protección de medios de vida y fortalecimiento comunitario serán planteadas como parte de la agenda territorial de las comunidades. Sin embargo, aclaró que dichas solicitudes no implican que el MICI haya decidido sobre su procedencia, sino que forman parte de los temas que las organizaciones entienden deben ser discutidos en la Fase de Consulta.
El Consejo llamó a las comunidades de Manzanillo, Copey, Carbonera, Villa Raif, Villa Banack y demás sectores del municipio Pepillo Salcedo a mantenerse unidas, organizadas y vigilantes durante esta etapa. Según el colectivo, el precedente abierto desde Pepillo Salcedo demuestra que la organización territorial, la documentación de impactos alegados y la unidad multisectorial pueden convertir una demanda local en un caso formal dentro del sistema internacional de rendición de cuentas.
La directiva del Consejo está integrada por Frank Valenzuela, coordinador; Hicial Blanco, vicepresidente; Rosa Inés Carrasco, secretaria; Rosario Cabrera, tesorera; Giovanni Felipe Valdez, representante de la Unión para el Desarrollo de Copey; Kelvin González, representante del Bloque Productivo; y Helvio Bejaran, asesor estratégico. Esta estructura, explicó el Consejo, refleja el carácter plural, democrático y territorial de una plataforma que busca representar una agenda colectiva de resarcimiento socioambiental y productivo para el municipio Pepillo Salcedo.