SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El gobierno fracasó en la implementación de una verdadera política social y de derechos durante el 2024, como prevención de la violencia de género, la seguridad ciudadana, el derecho a la educación sexual y la prevención de los embarazos en adolescentes, con lo que se evitarían los traumas relacionados.
Así lo definen Organizaciones y espacios de articulación como al Foro Ciudadano, al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, la Red Urbano Popular, el Consorcio de Economía Solidaria Urbano Rural, el Movimiento Justicia Fiscal, el Foro Feminista Magaly Pineda, la Coordinadora Popular Nacional, impulsaron y articularon sus agendas sociales y desarrollaron acciones académicas, reivindicativas, de concertación y diálogo con autoridades, congresuales e instituciones del Estado.
Al reflexionar sobre el particular, el director de Ciudad Alternativa (CA) Ricardo González, quien deplora que el gobierno optara por implementar políticas clientelares que en nada contribuye a disminuir la pobreza, al tiempo que plantea la agenda pendiente para el recién iniciado año 2025 en la que se deberá tomar en cuentas los puntos citados anteriormente.
González subraya como punto fundamental para 2025 la promulgación del plan decenal de vivienda y a su puesta en marcha, así como la asignación de fondos para el desarrollo de los programas dirigidos a reducir las vulnerabilidades ambientales y socialmente construidas.
Además, frenar los desalojos forzosos con mecanismos e instrumentos legales emanados del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.
Subraya como otro punto de la agenda la instalación del diálogo institucional entre la sociedad civil, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y los actores interesados en una reforma de la Ley de Seguridad Social 87-01.
Esto, precisa, con la finalidad de devolverle su propósito original de garantizar el derecho a la ciudadanía de acceder a los servicios de salud y seguridad social, quitándole los vicios de negocios para que garantice derechos.
Considera inevitable la discusión y aprobación de un pacto fiscal, pero enfocado en la reducción de la evasión y elusión fiscal, pero al mismo tiempo que elimine los privilegios que reciben algunos sectores con exoneraciones de impuestos, altamente lesivos para el fisco.
Sostiene que en este 2025 el Consejo Económico y Social (CES) deberá asumir esta tarea con el acompañamiento del liderazgo de la sociedad civil.
El activista social ve necesario realizar un ajuste a los salarios de los trabajadores, así como a las personas pensionadas, dado el impacto de los precios y la inflación de los últimos años, sobre todo, para los tres primeros quintiles de la población dominicana.
Señalan que las organizaciones sociales esperan contar con interlocutores en el Estado, los partidos políticos y los gremios empresariales que estén en disposición al diálogo, la concertación y la apertura, para impulsar nuevas políticas públicas, cogestionando los procesos de cambios en los comportamientos cívicos, desde una nueva institucionalidad estatal.
Fracaso en 2024
González recuerda que muchas de estas acciones fueron expresiones de calle, redes sociales, foros públicos y paros cívicos en diversos municipios del país durante 2024.
Indica que llamó mucho la atención y produjo numerosas críticas en los medios de comunicación y redes sociales que, en un contexto electoral, se entregara dinero por motivo del Día de las Madres, así como por la inscripción de sus hijos a la escuela, lo que se continuó en el mes de diciembre.
Definió esas acciones como paliativas y populistas que no resuelven las carencias y necesidades de las familias en pobreza y pobreza extrema (aunque dan mucha popularidad en el momento a los gobernantes de turno).
Deplora que se continuara el año pasado sin políticas integrales de protección social a las familias más empobrecidas y los colectivos más excluidos de la sociedad, como las mujeres víctimas de violencia, madres solteras, personas con discapacidad, dominicanos descendientes de haitianos y los migrantes.