La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), depositó por ante el Tribunal Constitucional una Acción Directa de Inconstitucionalidad, contra el Decreto No. 342-20, dado el Poder Ejecutivo el 16 de agosto de 2020, con el que declaran de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y transfiere al Ministerio de Energía y Minas, las funciones, atribuciones y facultades que en la actualidad desempeñaba la corporación.
En el referido recurso, la entidad cívica, explica y desarrolla las múltiples transgresiones al derecho y violaciones a la constitución, en que de entrada el gobierno ha incurrido, al llevar e ir ejecutando de forma acelerada y sin una ley del legislativo, el proceso de cierre y liquidación de la CDEEE, por medio de los ministros, de Energía y Minas, Antonio Almonte, y Jochi Vicente, de Hacienda, además del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dirigiendo una comisión en calidad de liquidadores.
Dentro de las inconstitucionalidades la FJT, destacó la Violación a los Principios de Legalidad y Juridicidad (Artículo 40.15, Constitución; Artículo 12.2, Ley Orgánica de la Administración Pública, no. 247-12; Artículo 3.1, ley no. 107-13), el de Seguridad Jurídica y Confianza Legítima (Artículo 110, de la Constitución; Artículo 3.1, ley no. 107-13, los de la Separación e Indelegabilidad de los Poderes Públicos (Artículos 4 y 7, Constitución), a la Reserva de Ley para la Supresión Personas Jurídicas de Derecho Público (Artículo 141, Constitución; Artículo 54, ley Orgánica de la Administración Pública, no. 247-12) y los Principios de Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa. (Artículos 6 y 73, de la Constitución; entre otros.
Los abogados actuantes en representación de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, Henry Misael Adames y Cesar Noboa, explicaron que se trata del más elemental de los principios jurídicos, a nivel de la jerarquía normativa, donde constituye una verdad absoluta y sin cuestionamientos, el hecho de que las leyes están por encima de los decretos.
Asimismo, los juristas rechazaron los argumentos del ministro de energía y minas, Antonio Almonte, de que se trataba de un invento y que ellos iban a liquidar la CDEEE, cuando existiera una ley que así lo consignará, olvidando el ministro, que solo en matemáticas, el orden de los factores, no altera el producto, en derecho es todo lo contrario, y no pueden seguir con la liquidación acelerada de la corporación, sin esperar que primero, sea aprobada una ley del legislativo, que así lo disponga y paute.
La entidad de sociedad civil lamentó que en un hecho sin precedentes el gobierno haya tirado los bueyes por delante de la carreta, anunciando mediante comunicado publicado en la web de la presidencia, fechado del 21 de mayo en el links: https://presidencia.gob.do/noticias/comision-liquidadora-de-la-cdeee-rinde-informe-sobre-los-avances-del-proceso donde detallan sobre las acciones en curso que vienen, de forma acelerada ejecutando, dando cuentas del cese de actividades y la cancelación y liquidación de cientos de empleados, la transferencia de los contratos energéticos a las EDES, mediante cesiones de créditos ya ejecutadas y la celebración de asambleas generales extraordinarias de las EDES, asumiendo las referidas operaciones, además del denominado fideicomiso público para la privatización de punta catalina, entre otras tantas acciones ya materializadas, todo ello y reiteramos sin que hasta el momento medie una ley.
Lo cierto es que con el informe en cuestión se pone de manifiesto todo un proceso de cambios, modificaciones, ventas de acciones, transferencias de propiedades y privatización de servicios públicos y contratos de alta sensibilidad, por lo miles de millones de dólares e intereses corporativos que la fecha que envuelven, en suma, estamos en presencia de un sin número de acciones ejecutadas y en curso, sin mediar una ley, o llenar los procedimientos institucionales del debido proceso administrativo.
La FJT llamó al gobierno dominicano a la cordura y reflexión, tras advertirle que deben descontinuar la práctica de la venta y liquidación de la CDEEE, más bien enrumbarse por la legalidad, por tratarse de un proceso que afecta muchos derechos e intereses, con temas de alta incidencia en la economía del país, y un impacto social, en perjuicio del pueblo dominicano, con la factura eléctrica, lo peor aun atropellando un procedimiento, que eventualmente derivaría en responsabilidades y un indefectible limbo jurídico, para un sector vital para el desarrollo del país.
Los abogados de Justicia y Transparencia, estuvieron acompañados de una delegación del sector social acreditado para las discusiones del Pacto Eléctrico, encabezada por Fernando Peña, Inés Rosso y Carlos Peterson, quienes suscribieron y apoyaron la acción, tras anunciar que también estarán haciendo causa común con la fundación, para lograr que se restaure la institucionalidad y se descontinúe la practica de estar descuartizando y entregando al sector privado el patrimonio de la CDEEE.