SANTO DOMINGO, República Dominicana. -La entidad de la sociedad civil Participación Ciudadana (PC) califica como una derrota a la lucha contra la corrupción la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que absuelve a los dos únicos imputados que quedaban en uno de los casos más grande de corrupción en el país, que trascendió fronteras y que llena de vergüenza a los dominicanos ante la comunidad nacional e internacional.
En rueda prensa encabeza por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, coordinado por Erik Hernández, así como por los pasados coordinadores, Francisco Álvarez, Joseph Abreu, Lucy Sánchez y Leidy Abreu, afirma que establecer la “inexistencia” de los sobornos hiere la sensibilidad de la ciudadanía ante hechos tan graves como los confesados por la propia Odebrecht.
Respondió que lo ocurrido en el caso Odebrecht demuestra la urgencia de una reforma profunda en el sistema de justicia de República Dominicana, sobre todo, de un Ministerio Público independiente, que no responsa al Poder Ejecutivo.
No obstante, señala que la derrota en la lucha contra la corrupción en vez de desalentar los esfuerzos debe, por el contrario, obligar a redoblar los esfuerzos, teniendo como objetivo en lo adelante los cuatro casos de corrupción administrativa que se manejan en los tribunales en estos momentos, como son: Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, que, distintos al de Odebrecht, presentan una sobre abundancia de pruebas.
PC indicó que a pesar de las ligeras mejorías del país en materia de corrupción en los últimos años, el sistema de justicia ha fracasado una vez más en su lucha por reducir la impunidad con la sentencia citada que deja libre al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y al empresario Angel Rondón. .
Participación Ciudadana deplora que ante un caso de soborno confesado por el sobornante, no habrá nadie cumpliendo la sanción de rigor.
Considera que la mayor cuota de responsabilidad la lleva el Ministerio Público (MP), tras recordar que fue advertido en el 2017 por Miriam Germán Brito del déficit probatorio de este caso, pero no realizó ningún esfuerzo para subsanarlo, y por el contrario se negó a ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el Juez de la Instrucción del caso.
“Pues era evidente que obtendría los nombres de los sobornados, que estaban protegidos por unos codenomes, pero que comprometerían a importantes funcionarios públicos, incluyendo legisladores y otros cercanos al procurador general de la República de entonces”, apunta.
La entidad de la sociedad civil aseguró que es importante que quede en la conciencia nacional que los sobornos existieron y no habrá sentencia que pueda decir lo contrario con efectividad, pues fue reconocido por Odebrecht en el acuerdo que suscribió con el MP donde se comprometió a devolver el duplo de los 92 millones de dólares admitido como soborno.
Pero también, subraya, asumió el compromiso de identificar a los sobornados, obligación que el MP jamás reclamó su complimiento.
Por eso, preocupa a PC el lenguaje utilizado por la Segunda Sala Penal de la SCJ en su sentencia, cuando en dos ocasiones señala la “inexistencia” del crimen de soborno (4.43 y 4.42), cuando debió referirse a que, a pesar de la confesión del soborno, no se pudo identificar con pruebas a los sobornados.
Afirma que establecer la “inexistencia” de los sobornos hiere la sensibilidad de la ciudadanía ante hechos tan graves como los confesados por la propia Odebrecht.
Considera que ante una sentencia definitiva corresponde al MP realizar una evaluación interna y ofrecer explicaciones a la ciudadanía.
Estima importante también entender que cuando un crimen es cometido y no se castiga a los responsables, se compromete la credibilidad del sistema de justicia, no solo del órgano del sistema responsable de la ausencia de castigo.
Esta derrota en la lucha contra la corrupción en vez de desalentar los esfuerzos debe obligar a redoblar los esfuerzos, teniendo como objetivo en lo adelante los cuatro casos de corrupción administrativa que se manejan en los tribunales en estos momentos, como son Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, que, distintos al de Odebrecht, presentan una sobre abundancia de pruebas.
Un aspecto positivo que trajo la sentencia de Odebrecht fue el rechazo de la petición de extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo de duración del proceso, en un caso que ya sobrepasaba los siete años, confirmando los precedentes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, de que no se trata de un plazo matemático en su cálculo, y que debe tomar en cuenta las características propias del caso.
Cree que esto trae tranquilidad en que los actuales casos de corrupción, que se han dilatado en el tiempo por incidentes y otras maniobras, no se verán amenazados por la extinción, pues la extinción, que no permite una sentencia al fondo de los casos, es tan nefasta como la ausencia de pruebas de un crimen cometido.
Participación Ciudadana ha iniciado un observatorio de los casos de corrupción administrativa y estará rindiendo reportes periódicos sobre el avance de los mismos.