SANTO DOMINGO, RD.- Los planes para la implementación de La Ley sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo, y Asentamientos Humanos, no podrán ser ejecutados en la República Dominicana sin la participación de los gobiernos locales, los ciudadanos, los sectores productivos y sociales.
Así lo plantea Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) en el Foro “D3erechos Ciudadanos, Uso de Suelo y Asentamiento Humanos”, desarrollado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Rechaza que con la Ley 368-22, los ayuntamientos pierdan autonomía en los territorio, sino que por el contrario, son quienes tienen potestad para calificar y clasificar suelos agrícolas, mineros, forestales, costero marino, industriales, residuales, mixto, entre otros.
Sostuvo que en la clasificación de los suelos, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de determinar lo que es urbano urbanizable y no urbanizable.
“Ese poder, la Ley lo transfiere a los gobiernos locales, porque el uso de suelo es una competencia constitucional de los cabildos”, explica el funcionario.
Cuestiona la capacidad de los gobiernos locales para responder al diseño de un plan municipal de ordenamiento territorial, aunque algunos pudieran tenerlas por encima de otros.
Señala que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) cuenta con las capacidades para formular planes, no obstante no es fácil hacer lo propio en Santo Domingo Este, por la complejidad del territorio.
Pone como ejemplo además, lo complejo que es trabajar en el plan en el municipio de Miches, eminentemente de vocación turística, contrario al Seibo, que de vocación ganadera.
Asimismo, cita el caso del Distrito Municipal de Verón, con 60 mil habitantes, en la provincia La Altagracia, mucho más complejo que el municipio de Castañuela, donde se trabaja un plan de ordenamiento de ordenamiento territorial aunque es el más vulnerable de RD.
Matías informó que ya existen la guía oficial para la formulación de planes municipales de ordenamiento territorial, tras afirmar que ordenar el territorio es ordenar el desarrollo, es fortalecer los procesos de participación y por tanto la democracia y la institucionalidad.
Resalta el papel de la sociedad civil para dar seguimiento a la planificación de los territorio, como contrapeso social, pero que sin embargo, los sectores que más se mueven en reclamo de ordenamiento territorial no son las organizaciones sociales sino el sector privado.
Coincidieron con Matías, Guadalupe Valdez, coordinadora del Foro Ciudadano, así como Juan Castillo, director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad, quien es especialista en temas de desarrollo local, participación y transferencia.
La ex diputada, Guadalupe Valdez, señala que hay que avanzar sobre el tema de asentamientos humanos, ya que en el país existe un gran desorden en ese sentido.
Apuesta a que los asentamientos humanos se hagan respetando la normativa que establezcan los municipios y las autoridades nacionales, que deben ser en lugares donde se garanticen los derechos fundamentales, no en zonas vulnerables.
Destaca la importancia de la Ley, ya que indica en cuales territorios se pueden construir viviendas, industrias, hoteles, urbanizaciones y otros, pero también en cuales no, por lo que urge la aprobación de los reglamentos para que se comience a trabajar de inmediato.
“Lo más importante ahora es ya disponemos de una Ley de Ordenamiento Territorial, que duró más de diez años en el Congreso de la República, por lo que haber logrado un acuerdo partidario entre las diferentes fuerzas políticas, es ya un paso importante”, estima.
De su lado, Juan Castillo, especialista en temas de desarrollo local, participación y transferencia, sugiere promoverla difusión y divulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Considera esencial informar a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones establecidos en la ley, desarrollar campañas de difusión en diversos medios de comunicación, como radio, televisión, prensa y redes sociales.
Además, organizar talleres informativos en comunidades y centros educativos para promover un mayor conocimiento sobre la normativa.
Aboga por el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, comocrear espacios efectivos de participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial.