SANTO DOMINGO.- En la República Dominicana, la violencia es un método de disciplina ampliamente utilizado en los hogares y del que son víctimas el 64% de niños y niñas menores de 2 a 14 años.

Esta situación se agrava aún más durante la primera infancia, donde 7 de cada 10 niños/as de entre 3 y 4 años ha sufrido algún método violento de disciplina.

Lamentablemente ésta es una práctica socialmente aceptada, que se fundamenta en normas sociales y pautas culturales y que, al estar normalizada, ha permanecido casi inmutable en el tiempo, según lo indican los datos de las últimas encuestas ENHOGAR-MICS, de los años 2014 y 2019.

Con miras a disminuir esos indicadores, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentaron el proyecto “Transformar normas sociales para la prevención de la violencia en la primera infancia”, que busca contribuir a reducir la violencia contra ese segmento en entornos familiares y comunitarios en cuatro municipios del país.  

Los detalles de esta iniciativa fueron ofrecidos en un acto encabezado por la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, la directora ejecutiva del INAIPI, Besaida “Manola” Santana y la representante de UNICEF en el país, Rosa Elcarte.

“Deseamos que, al cabo de los tres años de ejecución de este proyecto, se logren resultados medibles en los cuatro territorios seleccionados, que se evidencien en comunidades y familias el compromiso con la protección de los derechos de la niñez, conscientes de la importancia del desarrollo infantil temprano, e incorporando prácticas de crianza positiva, basadas en la igualdad, el respeto y la no violencia”, manifestó Scheker.

De su lado, la doctora Elcarte, dijo: “la violencia viola los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes, amenaza su supervivencia y bienestar, les deja secuelas físicas y psicológicas impidiéndoles desarrollar todo su potencial y limitando el crecimiento de los países”.

Asimismo, la representante, argumentó que “es necesario abordar este problema, desde un enfoque de derechos de los niños y de las niñas, y de forma integral, empezando desde la prevención de la violencia.

Los programas de atención integral a la primera infancia y las aulas de educación inicial, que tienen interacción continua con los niños y sus familias, pueden y deben jugar un rol estratégico en la prevención y la detección de situaciones de riesgo de violencia”.

Por otra parte, Santana, en su alocución:“son estas cifras las que nos motivan a promover esta iniciativa, la cual está dirigida a sensibilizar y desarrollar capacidades de las personas a cargo del cuidado de los niños en la primera infancia, enfocándose, por un lado, en madres, padres y tutores/as a cargo de su crianza; y, por otro, en los proveedores de servicios a la primera infancia (técnicos, docentes, promotores)”.

Mediante este enlace se busca contribuir a reducir la violencia contra la primera infancia en entornos familiares y comunitarios en cuatro municipios de RD, a través de una intervención pública intersectorial que incluye estrategias de cambio social y de comportamiento.

Además, que promueve en las familias, en los funcionarios que trabajan con los niños, y en la comunidad  la adopción de prácticas de crianza positiva y que promueva la igualdad de derechos de los niños y las niñas, en los territorios seleccionados.

Una vez evaluado, este programa podrías ser escalable a todo el ámbito nacional.

La intervención será llevada a cabo en los municipios de Los Alcarrizos, San Cristóbal, Higüey, y Barahona.

Estos territorios han sido seleccionados por tener alta incidencia de violencia contra la niñez, y, por tanto, estar priorizados por el Gobierno para emprender acciones de prevención de violencia y para expandir los servicios de atención a la primera infancia.

Parte de los asistentes a la presentación del proyecto “Transformar normas sociales para la prevención de la violencia en la primera infancia”, que busca contribuir a reducir la violencia contra ese segmento en entornos familiares y comunitarios en cuatro municipios del país.